Obama fulmina la agencia que autoriza sondeos de crudo

Con un largo y probado historial de corrupción y una permisividad con las empresas petrolíferas que ha facilitado que el vertido de la plataforma Deepwater horizon de la petrolera BP siga incontrolado después de 20 días, la agencia federal de Gestión Minera, que concede los permisos a las perforaciones de crudo, tiene sus días contados. Después de una reunión con su Gobierno, el lunes, el presidente de EE UU, Barack Obama, pidió su reforma integral. Según anunció el Departamento del Interior, de la actual agencia nacerán dos: una que concederá las licencias de perforación y otra que supervisará la seguridad en las plataformas.

La propia agencia de Gestión Minera inició ayer una serie de audiencias, junto a la Guarda Costera, para analizar qué ocasionó el vertido y cómo actuaron los responsables de la plataforma el 20 de abril, día de la explosión en la que murieron 11 personas. En Washington, el Senado inició sus pesquisas y, en sus preguntas a los representantes de BP y sus subcontratas, los senadores apuntaban a los reiterados y calamitosos fallos de la propia agencia federal, que cada año recauda 10.000 millones de euros en concepto de permisos de perforación.

El organismo, tocado por la corrupción, no exigió a BP un plan de emergencia

Se preguntaron los senadores por qué falló una válvula de sellado del yacimiento que debería haber sido supervisada por los funcionarios de la agencia. En 1997, esta cambió su normativa: pasó de exigir pruebas de seguridad sobre esas válvulas de cada siete días a cada 14. "Esto le ahorrará a la industria entre 27 y 36 millones de euros anuales sin incrementar los riesgos de seguridad", dijo en su boletín oficial. BP estimó ayer que las tareas de limpieza del vertido le han costado ya 276 millones de euros.

Debido a un cambio en su normativa, desde 2008 la agencia no exige planes de emergencia ante vertidos a la mayoría de nuevas plataformas del golfo, lo que ha facilitado que BP, en este momento, no tenga una línea de acción clara más allá de disolver crudo con químicos. Esa, sin embargo, no es la única polémica que ha salpicado a la agencia en su historia reciente. En 2008 vivió lo que la prensa local calificó de escándalo de "sexo, drogas y petróleo".

Entonces, el inspector general del Departamento del Interior difundió una serie de informes en los que detallaba la corrupción que imperaba en la agencia. Una docena de empleados se cambiaban dinero de manos sin control. Funcionarios abandonaban la agencia para pasar a ser contratistas privados que recibían sumas cuantiosas de personas que anteriormente habían sido sus colegas. Los técnicos aceptaban caros regalos de los empresarios del crudo, mantenían relaciones sexuales con algunos de ellos y consumían cocaína en el lugar de trabajo.

En un memorando enviado al entonces secretario del Interior, el inspector general, Earl Devaney, aseguraba que en la agencia federal de Gestión Minera reinaba una "cultura carente de toda ética". El Gobierno acabó presentando cargos criminales contra parte de ellos, que fueron condenados a cuantiosas multas.