La crisis del Estatuto
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, ha terminado de distribuir entre los magistrados su nueva ponencia sobre el Estatuto de Cataluña, que endurece notablemente la elaborada por la magistrada Elisa Pérez Vera y a la que acompañan tres fallos de distinta intensidad, el menos lesivo de los cuales incorpora otros siete artículos a la lista de 15 preceptos en los que la ponencia anterior encontró alguna tacha de inconstitucionalidad.
El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrató de forma generalizada con la trama de corrupción que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel.
El caso afecta a la entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, que recibió un reloj de 2.400 euros de la trama, pero salpica también a Francisco Camps. Según el informe, Orange Market tenía que haber sido excluida del primer concurso de envergadura que obtuvo, el del pabellón valenciano en Fitur en 2005.
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado para el 10 de mayo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para tomarle declaración como imputado en la causa abierta por intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
Ni en su casa de Belfast ni en los cafés para los que teóricamente trabajaba. El etarra Iñaki de Juana Chaos, pendiente de entrega a España por un delito de enaltecimiento del terrorismo, se encuentra desaparecido desde hace más de un mes, según el abogado que representa a España en el caso.
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ya no está solo en su política de denunciar a los inmigrantes irregulares a partir del padrón. Otro alcalde de CiU, el de la pequeña población costera de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona, 10.181 habitantes), se sumó a la política de denuncias tras apoyar una moción del grupo local del PP, en el pleno del martes.
La confirmación de que el acuerdo en el Congreso para restringir el derecho de voto a los emigrantes está cerrado ha acelerado los preparativos que la colectividad gallega en Buenos Aires viene realizando en las últimas semanas para oponerse a esta medida.
El consejero de Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, amenazó ayer al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, con llevarle a los tribunales. Granados hizo esa advertencia tras conocer que Cobo había afirmado en una conferencia de prensa que el espionaje del que ha sido objeto está "más que probado" y negase que los agentes que le siguieron actuasen por su cuenta, tal y como declararon los imputados el miércoles ante la juez del caso.
Nunca el establecimiento de la prisión preventiva revisable fue una condición del PP para llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista en la reforma del Código Penal. Tampoco el endurecimiento de las penas por corrupción, "que quizá no ha gustado al PP".
Que del suelo broten restos humanos de muertos durante la Guerra Civil es casi una rutina en los municipios que sufrieron la batalla del Ebro. "Lo asumimos como una normalidad", explica Carme Pelejà, alcaldesa de la Fatarella (Tarragona), pueblo pegado a los terrenos machacados por la aviación y la artillería franquistas en 1938.
