Todo el Gobierno de Camps amañó contratos con la trama de corrupción

El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrató de forma generalizada con la trama de corrupción que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel. El informe, del pasado 16 de abril, fue la bomba que ayer reveló el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, en plena sesión de control a Camps.

"Incumplió la ley en más de 50 ocasiones", le recriminó Luna al presidente valenciano, que se negó a pedir disculpas por la trama de corrupción y dijo, en relación con la decisión que el 12 de mayo tiene previsto adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes que le regaló la red Gürtel: "Confío en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo".

El informe pericial aporta datos demoledores. Entre 2004 y 2009, el Ejecutivo valenciano adjudicó al menos 85 contratos con nueve empresas de la trama de corrupción, la principal de ellas la sociedad Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, cabeza visible de la red en Valencia. Sólo nueve de esos contratos se hicieron por concurso y, aun así, en varios casos se trató de concursos ficticios o con irregularidades. La propia Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia, siete consejerías (Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Bienestar Social y Sanidad), y ocho organismos y empresas públicas contrataron con la trama por una cantidad global de 7,2 millones.

El fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y evitar el concurso fue la práctica más habitual en un catálogo de irregularidades que incluye la adjudicación directa de contratos por encima de 12.000 euros, que prohíbe la ley, la vulneración del principio de concurrencia al solicitar ofertas a empresas de la misma trama, la duplicidad en el pago de servicios, el pago por trabajos no realizados y la adjudicación a empresas sin solvencia técnica.

La Abogacía de la Generalitat emitió anoche una nota en la que defiende que todos los contratos se ajustan a la legalidad y califica de "desproporcionadas, infundadas, y en algún caso falsas", las conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que integra a expertos de la Intervención del Estado, de la Agencia Tributaria y del Banco de España, entre otros.