Pedreira pide la identidad de 17 altos cargos valencianos que contrataron con la trama Gürtel

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, ha requerido a la Generalitat valenciana que le informe sobre la identidad de los responsables de los 17 departamentos de la Administración autonómica que contrataron con empresas de la trama corrupta por un montante global de 7,2 millones de euros. Tras recibir el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que revela que el Gobierno de Francisco Camps contrató de manera generalizada con empresas de la trama corrupta, y que en 50 de los 85 contratos analizados se han encontrado irregularidades para amañarlos, Pedreira ha decidido dirigirse a la abogada general de la Generalitat, a instancias de la fiscalía, para identificar a los responsables de las consejerías y organismos que suscribieron esos acuerdos, buena parte de ellos vulnerando la normativa con el fraccionamiento para evitar el máximo legal sin concurso de 12.000 euros.

El instructor del caso quiere saber quiénes eran los máximos responsables de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos entre los años 2004 y 2009, así como cuál es el cargo que desempeñan actualmente. Entre los organismos afectados por el requerimiento figuran Presidencia de la Generalitat, vicepresidencia y las consejerías de Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Bienestar Social, y Sanidad. El juez, no obstante, subraya que esta petición de información "no significa prejuzgar sobre ninguna responsabilidad".

También deberán ser identificados los gestores de la Agencia Valenciana de Turismo, del Instituto Valenciano de Evaluación, de la Agencia Valenciana de Salud, de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes, del Proyecto Cultural de Castellón y de Seguridad y Promoción Industrial Valencia (Sepiva).

Hoy mismo, la portavoz del Gobierno de Camps, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha tratado de salir al paso del escándalo que ha suscitado el informe de la Unidad de Auxilio Judicial al TSJM al calificar de "infamia, mentira y difamación" las informaciones sobre el asunto, defender la "honestidad y legalidad" de toda la actuación de la Generalitat y tildar de "tendencioso" el informe. Sánchez de León ha dejado caer que el documento lo firma un interventor del Estado que depende de la vicepresidencia de Fernández de la Vega y que es familiar de un alto cargo de un ministerio. La portavoz ha comparecido flanqueda por la abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga, y el interventor general, Salvador Hernandis. Villalonga fue un alto cargo de Turismo cuando se hicieron las primeras contrataciones con la trama para la feria Fitur, pero la portavoz del Consell ha dicho que no está implicada.