Corruptores y corruptos bajo el gobierno de Camps

El 12 de mayo decidirá el Tribunal Supremo si el hecho de haber aceptado trajes regalados por la trama de corrupción del caso Gürtel llevará al presidente del Consell, Francisco Camps, ante un jurado. Pero los regalos de trajes son sólo un elemento llamativo, tal vez el más llamativo, de un episodio de supuesta financiación ilegal del PP valenciano que, a su vez, forma parte de una vasta red de financiación irregular en otras administraciones de España gobernadas por los populares. El alcance de los regalos efectuados por Álvaro Pérez, representante en Valencia de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, se revela cada vez más amplio y más sistemático. El levantamiento del secreto del sumario por parte del juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), permite constatar cómo funcionaba el desvío de dinero público para pagar actos del PP y para enriquecer a miembros de la trama. Es el relato de cómo se movieron corruptores y corruptos bajo el gobierno de Camps.

Hay indicios de que se desvió dinero público para pagar actos del PP

Debajo de los trajes regalados existía una fluida relación de la trama con el poder

De los regalos navideños a la financiación irregular del PP

Entre los implicados, hay cinco empresarios, de quienes las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso, Myriam Segura y Concepción Sabadell, pidieron la imputación a finales de 2009. Su declaración está pendiente. Son los cinco empresarios incluidos por los socialistas en la querella que presentaron ante el Ttribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que permanece en stand by a la espera de que Pedreira culmine una investigación que todavía debe dar más de sí, puesto que ha citado a declarar el miércoles a Álvaro Pérez para profundizar en la trama valenciana. En el momento en que la fiscalía amplíe su petición de imputación a Camps y otros aforados valencianos, también incluidos en la querella de los socialistas, esa parte del caso deberá volver al TSJCV o ser remitida con el conjunto de las actuaciones al Tribunal Supremo, como pretende el ministerio público. El sumario del caso Gürtel aporta muchos datos sobre la actuación de corruptores y corruptos en la política valenciana durante años.

- ¿Cuándo y por qué empezó a actuar la trama en Valencia?

Las empresas que dirigía Correa ya habían realizado trabajos para el PP valenciano en septiembre de 2002 con motivo del décimo congreso regional. Un cónclave, del que figuran pagos en dinero negro en la contabilidad de la trama, en el que Camps ya ejercía de secretario regional con el entonces todopoderoso presidente Eduardo Zaplana. Sin embargo, Correa no se decidió a abrir franquicia en Valencia hasta 2004, cuando el PP, con Mariano Rajoy de candidato, perdió las elecciones generales. Ese año Correa decide enviar a Álvaro Pérez a Valencia para ampliar el negocio. El Bigotes logra pronto la confianza de Camps -que lo convierte en su escenógrafo de cabecera y lo incluye en su círculo personal-, y sella su amistad con otros altos cargos del PP valenciano. En cuestión de meses, Orange Market empieza a trabajar tanto para el PP como para la Generalitat.

- ¿Cómo funcionaba la red de corrupción?

Según los datos que figuran en el sumario, Orange Market facturaba al PP por la celebración de actos. Una parte del dinero se pagaba en A y otra en B, que se ingresaba en la caja conjunta de la trama. La empresa que dirigía Álvaro Pérez también obtenía ingresos por los contratos con la Administración valenciana, tanto de las consejerías como de las empresas y organismos autónomos. Buena parte de los trabajos se trocearon en varias facturas para contratar directamente con Orange Market y otras firmas de la trama corrupta -la adjudicación directa sin concurso se puede realizar en la Administración si el total de lo contratado no excede 12.000 euros-. En otros casos se facilitó el paso a la trama corrupta, pese a utilizar empresas que carecían de experiencia y presentaban las ofertas más caras, como en el primer contrato de Fitur o en la instalación del montaje audiovisual de la visita del Papa. En algunos de esos trabajos se subcontrató con otras firmas de la trama, a las que se pagó en A y en B. El dinero negro se ingresaba en la caja común.

Por último, Orange Market ingresó por trabajos efectuados para cinco grandes constructoras -que obtienen sustanciosos contratos de la Generalitat- por trabajos reales y otros de los que no hay constancia que se hicieran. En este último caso, ese dinero habría servido para financiar eventos del PP. Cuando Álvaro Pérez necesitaba liquidez inmediata debía recurrir a la misma caja central donde se habían realizado los depósitos. En definitiva, Orange Market era el proveedor principal de eventos del PP, pero también recibía encargos de la Generalitat, de instituciones de carácter público como Feria Valencia y Canal 9 y de constructoras cuya actividad depende de la Administración valenciana.

- ¿Qué papel desempeñaban los regalos?

Álvaro Pérez le explica a su mujer en una de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía que para hacer negocios tiene que llevarse bien con las esposas de los políticos. En efecto, las esposas de Francisco Camps, del vicepresidente Vicente Rambla y el ex vicepresidente Víctor Campos tenían una relación fluida con el jefe de Orange Market, que personalizaba los regalos que les hacía y que ellas llegaban a considerar "una pasada". Además de los trajes que recibieron el propio Camps, Campos, el ex secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, y el ex director de RTVV Pedro García, el sumario revela que la trama de corrupción llegó a gastar 140.000 euros en relojes de lujo. Uno de ellos, valorado en 2.400 euros, fue regalado en 2006 a la entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Álvaro Pérez registraba cuidadosamente los regalos, sus destinatarios y sus precios. Su contabilidad desglosa, por ejemplo, 8.800 euros en regalos de Navidad a cargos públicos y dirigentes del PP valenciano.

- ¿Cuáles fueron los principales contratos?

Si bien la empresa de Álvaro Pérez comenzó tímidamente en 2004 a trabajar para la Administración valenciana, con apenas un encargo de 138.678 euros para elaborar un documento de sensibilización ambiental para Vaersa, ya en diciembre de aquel año ganó, con Milagrosa Martínez de consejera, el encargo de la Agencia Valenciana de Turismo para instalar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-2005. Un contrato de 930.000 euros por el que acabó facturando 1,57 millones.

Orange Market ganó otros cuatro años consecutivos los concursos de Fitur, por los que cobró un total de 5,4 millones de euros. Y giró cada año decenas de facturas menores para otras consejerías, fundaciones y empresas de la Generalitat. Lo que elevó su facturación a 6,7 millones de euros entre 2004 y 2009. Y a este sistema se unieron otras ocho empresas de la trama, que llegaron a facturar por separado y por los mismos conceptos al mismo organismo. La trama levantó finalmente en esos años 7,1 millones de euros solo de organismos de la Generalitat. No obstante, en 2008 el mejor cliente de Orange Market pasó a ser Feria Valencia, con 1.438.400 euros facturados. Además, fue un ejercicio en que ganaron peso los trabajos cobrados a constructores como Enrique Ortiz (231.000 euros), las empresas de Sedesa (151.000) o Lubasa (58.000). Firmas a las que se investiga por la posible financiación irregular del PP valenciano a través de pagos en negro a la trama. En conjunto, las empresas de la trama recibieron 11,7 millones en cinco ejercicios.

- ¿Qué hacían los cinco constructores implicados?

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado octubre la imputación de cinco empresarios valencianos y una empleada de Orange Market. Concretamente, solicitó que declararan en condición de imputados Enrique Tomás Ortiz Selfa, de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; Enrique Gimeno Escrig, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, Facsa; Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente Cotino, de la empresa familiar Sedesa; Luis Batalla Romero, administrador de Lubasa; Antonio Pons Dols, de la mercantil Piaf SL, y una empleada de Orange Market identificada como Merche, según el escrito del ministerio público. Los cinco están supuestamente implicados en la financiación irregular del PP (que es delito si coincide con campañas electorales, como es el caso). En parte, a través de pagos de actos organizados por Orange Market al PP y, también, por las aportaciones directas a ese partido. Para aclarar esos extremos la fiscalía pidió que la Agencia Tributaria examinara la documentación intervenida a Orange Market, datos bancarios e información aportada por el PP sobre gastos en las campañas electorales de 2005 a 2008.

- ¿Qué pasará con el proceso judicial?

Antonio Pedreira mantiene viva la instrucción. Esta próxima semana incorporará a sus actuaciones los testimonios de Álvaro Pérez y de la mujer del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Como juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es competente para imputar a cualquier aforado de esa comunidad autónoma, pero no de cualquier otra. Por tanto, en el momento en el que lo hiciera, la causa, en todo o en parte, escapará de sus manos. La policía nacional y la fiscalía, hasta ahora, han hablado siempre de que el caso Gürtel es en realidad una trama organizada. Según juristas consultados, la lógica apunta a que Pedreira decida enviar el conjunto de la causa al Tribunal Supremo por tratarse de una trama. La fiscalía teme especialmente la fracturación entre el Supremo, el TSJM y el TSJCV porque podría darse el caso de que hechos idénticos tuvieran un resultado penal diferente. Sin embargo, por cuestiones de logística, el Tribunal Supremo ha evitado hasta ahora hacerse cargo de una causa tan voluminosa y compleja como el caso Gürtel. No obstante, tampoco es descartable que el juez instructor opte por enviar al TSJ valenciano el asunto.