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Editorial:

Más audacia

El plan contra el fraude fiscal debería aumentar la inspección en las grandes vetas de dinero negro

El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social que ayer anunció el Gobierno parece que se ha diseñado para aumentar la información disponible sobre las bolsas de fraude tributario y laboral y no para intensificar directamente la investigación de personas o empresas con indicios de evasión. El anuncio de ese plan al término del Consejo de Ministros pecó de vaguedad. De las 60 medidas que lo componen, apenas se mencionaron con cierto detalle la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, en la Seguridad Social y en la Inspección de Trabajo, la posibilidad de crear una comisión mixta con las tres instituciones, una intensificación de la cooperación internacional para combatir los paraísos fiscales o acuerdos con organizaciones sectoriales para que faciliten información relevante para la Inspección.

Los esfuerzos de coordinación informativa son beneficiosos, qué duda cabe. No es posible oponerse a que la Agencia Tributaria intercambie información con otros organismos del Estado; y un foro con grandes empresas que se encargue de resolver las dudas tributarias reducirá los conflictos legales de la Agencia Tributaria. Pero, aunque se eluda la cuestión de por qué no se buscó antes esta colaboración, queda en pie el hecho de que el plan parece poco ambicioso y rutinario. La economía española presenta en estos momentos un déficit público próximo al 12% del PIB y, según las estimaciones más moderadas, sufre un volumen de economía sumergida del 23,3% del PIB. La persecución del fraude y la reducción de la economía negra deberían ser consideradas como fuentes prioritarias de ingresos; con la ventaja adicional de que recaudar parte de ese dinero negro aliviaría la urgencia de subir impuestos para estabilizar las finanzas públicas.

Desde esta perspectiva, el objetivo del plan (aumentar en 1.000 millones de euros los ingresos en 2013) es tímido; no resuelve, ni en poco ni en mucho, la debilidad estructural de los ingresos públicos. La cortedad del plan sugiere que la Agencia proseguirá por la senda rutinaria de la inspección a los contribuyentes mejor o peor censados: autónomos, asalariados y pequeñas y medianas empresas. Pero no es ahí donde se da mayor probabilidad de éxito para encontrar las grandes vetas del fraude, sino en las sociedades instrumentales o en las grandes fortunas y corporaciones. Da la sensación de que la Agencia Tributaria no se atreve a buscar en esas zonas de sombra, bien por el riesgo de conflictos, bien porque carece de los medios suficientes para ello.

La precaria situación de las finanzas públicas exige un plan contra el fraude más contundente; es decir, que tenga efectos inmediatos y que al menos consiga recuperar cada año 6.000 millones de euros más de los bolsillos de los evasores fiscales. El coste político de subir impuestos debería ser incentivo suficiente para que el Gobierno se tome el fraude fiscal como lo que es: un grave problema de Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de marzo de 2010