El debate sobre el Estatuto de Cataluña
La sociedad civil desbordó ayer a los partidos políticos en Cataluña. El temor a un recorte del Estatuto mediante una sentencia del Tribunal Constitucional que partidos, sindicatos y patronales intuyen cercana, ha puesto en alerta a un amplio sector de la población de esta comunidad después del goteo de noticias negativas sobre la constitucionalidad del texto publicadas las últimas semanas por EL PAÍS.
La respuesta a la publicación conjunta de la prensa catalana de un editorial se tradujo en críticas cruzadas. El PSOE y el PP se responsabilizaron mutuamente del conflicto sobre el Estatuto. Y los nacionalistas culpan al PSOE y al PP y consideran adecuada la publicación de ese editorial conjunto.
Los escándalos que afectan al PP
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para asumir la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas.
El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes de cinco de los imputados que aún no han pagado las fianzas exigidas por importe de 4,1 millones. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado la orden contra los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch (con una fianza de 750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros) y Alberto López Viejo (750.000 euros).
El PP está tratando por todos los medios de buscar una victoria parlamentaria sobre el PSOE en la crisis del Alakrana. De momento no lo ha logrado en España, aunque aún está buscando apoyos para las tres peticiones de dimisión de ministros que ha planteado.
El alcalde encarcelado de Polop no perdió tiempo para invertir en su patrimonio personal. Sólo a título personal y al margen de las dos sociedades que manejaba, Juan Cano, del PP, tiene cuatro locales comerciales, un garaje, un piso, el chalé donde residía y una participación en cinco parcelas entre La Nucia y Polop (Alicante).
Los presos José Luis Urrusolo Sistiaga, Languille, y Carmen Guisasola, Gorda, dos etarras expulsados de la organización y con más de una veintena de asesinatos a sus espaldas, han difundido una carta en la que reclaman "a lo que queda de ETA" que decida "el cierre de la lucha armada" como paso "previo" e "imprescindible" para hacer realidad "una nueva alternativa de la izquierda independentista".
