La justicia valenciana abre una vía para investigar la financiación del PP

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha abierto una vía para investigar la financiación del PP, pese a que aún no ha decidido si es o no competente para asumir la querella presentada por los socialistas contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas. La sala ha dejado claro a través de una nota que los hechos relatados en la querella son objeto de una investigación penal. La incógnita es saber cuál es la instancia judicial competente.

El pleno de la sala se reunió ayer y decidió pedir información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre sus investigaciones en el caso Gürtel porque ese tribunal se hizo cargo del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía que recoge indicios de la supuesta financiación irregular. Lo incorporó a la investigación sobre la trama Gürtel que abrió tras recibir la causa de la Audiencia Nacional.

El TSJCV pide también información a las Cortes Valencianas sobre el aforamiento de las personas que aparecen en la querella, entre ellos: el presidente Francisco Camps, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, y el diputado y vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra. Además, pide al Registro de Partidos que le ofrezca datos sobre el grado de autonomía o de dependencia orgánica y económica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana; y al propio PP, que confirme las responsabilidades que en dicha organización tienen algunos de los querellados. Por último, solicita a la Junta Electoral Central la información sobre la concurrencia de la formación a las elecciones.

Los socialistas incluyeron en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómico, del PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel, entre ellos, su cabecilla, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, El Bigotes; y cinco empresas constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Por tanto, el tribunal, aún sin pronunciarse sobre su competencia, abre camino para investigar la financiación de los populares.

El informe policial de la Brigada de Blanqueo en el que se basa la querella revela, entre otras cuestiones, que la trama corrupta liderada por Correa, actualmente en la cárcel, cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Y que cinco empresas valencianas habrían financiado irregularmente al PP a través de doble facturación de la empresa de la trama Orange Market.

El Tribunal Superior valenciano despreció ese informe policial cuando estaba en fase de deliberación sobre la causa abierta contra el presidente Camps por supuesto delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel. Ahora, y tras la querella de los socialistas, el tribunal que preside el magistrado Juan Luis de la Rúa pide información. Según la nota del TSJ, el tribunal "quiere establecer, para el caso de que admita su competencia para estudiar la querella presentada, que los hechos a los que se refiere ésta no están siendo objeto de investigaciones judiciales simultáneas por órganos judiciales diferentes, pudiendo dar lugar a interferencias procedimentales, dada la interrelación existente entre los mismos y a la que expresamente se refiere el informe policial mencionado".