Necesitamos un plan

El deterioro de las finanzas públicas es uno de los efectos más visibles de la severidad de la crisis en las economías avanzadas. La pronunciada contracción en la demanda y el ascenso del desempleo han puesto en marcha los estabilizadores automáticos derivados de la caída en todos los capítulos de ingresos tributarios y el ascenso de los conceptos de gasto social. Además, la mayoría de los países han adoptado programas de estímulo del gasto público con el fin de compensar el desplome de la demanda privada. Sobre la conveniencia de no reducirlos de forma precipitada acaban de alertar las principales instancias económicas internacionales.

La economía española no es una excepción, con el agravante de tener la tasa de paro más elevada de la OCDE. Su déficit público se ha multiplicado por cinco como consecuencia de un descenso en la recaudación del 17% (en los impuestos indirectos la reducción superó el 27%, con el IVA cayendo más del 36%), mientras que los gastos aumentaron casi un 25%. Frenar ese deterioro no va a ser sencillo, y explicárselo con rigor a los contribuyentes es una primera responsabilidad de los gobernantes. La oposición debe evitar jugar demagógicamente con esto (con campañas como la que identifica el aumento del gasto social con "caprichos de Zapatero") y esforzarse por poner sobre la mesa algo más que rechazo y descalificaciones sin argumentos.

Pero con independencia de las dificultades es necesario disponer de un plan articulado y riguroso. Un planteamiento en el que se anticipen efectos todavía no manifestados de deterioro adicional en las rentas de las familias y de las empresas y que, por tanto, asuma que la reconducción del déficit público ha de hacerse en varios ejercicios presupuestarios y actuando sobre diversos ámbitos. El primero es la eficiencia en el gasto corriente, que aún dispone de margen de ajuste. En el capítulo de ingresos será necesario retocar aquellas figuras que más recauden y menores distorsiones generen en el funcionamiento de los agentes y de los mercados. Claro que es conveniente eliminar deducciones como los 400 euros de regalo de la campaña electoral, una de las más demagógicas y menos efectivas decisiones fiscales en la historia de la democracia. También otro tipo de subsidios debería atender a la renta de los beneficiarios.

Es también razonable que se analicen las posibilidades recaudatorias asociadas a la modificación de la tarifa en el IRPF o en las rentas del capital, discriminando a favor de las rentas más bajas del trabajo. Y ha de detallarse un plan de lucha contra el fraude fiscal. Todo ello debe figurar en el cuadro de prioridades de las agendas de los partidos políticos y de las instituciones. La capacidad para consensuar un plan va a constituir una prueba de madurez de la clase política española. La confianza que eso transmita puede ser el fundamento de la paz social, condición para una salida que sea a la vez inicio de la modernización de la economía española.