España está a la cola de Europa en abortos públicos

España se ha acostumbrado a que sus abortos cuesten dinero, a que las mujeres tengan que pagar por ellos en clínicas privadas. Ha sido así desde 1985, cuando se despenalizó esta práctica en este país. En 2007, el Estado sólo financió el 28% de las interrupciones voluntarias del embarazo, según datos facilitados a EL PAÍS por las comunidades autónomas. El 2% de las intervenciones se llevó a cabo directamente en hospitales públicos y el 26% en centros privados concertados. El resto, el 72%, fueron sufragadas por las pacientes. Son cifras impensables en el resto de Europa. Holanda, Italia, Bélgica y Portugal financian el 100% de sus abortos. Reino Unido paga el 91% y Francia y Suiza, más del 70%. Lo raro entre nuestros vecinos es que el sistema nacional de salud no se haga cargo de esta intervención.

Con la nueva ley, las mujeres podrán exigir la prestación a sus comunidades

En Europa, los sistemas varían en función del país. Algunos usan mayoritariamente sus hospitales para practicar los abortos, como Italia (que realiza el 91% de intervenciones en centros públicos y sólo el 9% en clínicas concertadas con el Estado). Otros han generalizado el sistema de los conciertos, como Holanda, en donde el 94% de las interrupciones de embarazo se lleva a cabo en clínicas privadas que no cobran a las pacientes sino al Sistema Nacional de Salud. En Bélgica el porcentaje es similar: un 79% de abortos en centros privados concertados frente al 21% que se practica en hospitales públicos.

Portugal, que tiene la ley del aborto más reciente (de 2007), sigue un sistema mixto: el 65% de los abortos se realizan en hospitales públicos y el 35% en centros privados concertados. Ocurre lo mismo en el Reino Unido, que financia el 91% de las intervenciones y un poco más de la mitad (el 58%) se llevan a cabo en clínicas "independientes", gestionadas por ONG y organizaciones de caridad que cobran de la sanidad pública.

La indefinición de la ley vigente en España ha permitido que el Estado haya permanecido durante 24 años al margen de los abortos a pesar de que están dentro de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El 97% de las intervenciones tienen como causa el riesgo para la salud de la madre y no hay apenas psiquiatras en la red pública dispuestos a firmar que la intervención es necesaria, así que la única salida es un centro privado. El aborto ha quedado fuera de la normalidad sanitaria, reducido al gueto.

La culpa de la privatización en España suele atribuirse a la supuesta objeción de conciencia generalizada de los médicos. Pero Italia tiene un altísimo índice de objetores -el 69,2% de los ginecólogos, según datos del Ministerio de Sanidad italiano de 2006 y 2007- y, a pesar de eso, el Estado garantiza la prestación. No es necesario que todos los médicos estén dispuestos a hacer abortos, sólo que los hospitales y los jefes de servicio se decidan a crear unidades específicas, porque la voluntad de algunos médicos no es suficiente. De cualquier forma, la Ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno regulará la "libertad de conciencia", según ha anunciado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y lo hará partiendo de la base de que las creencias individuales no pueden "eximir del cumplimiento de la ley". En España nunca ha habido un registro de objetores, así que esto no se ha podido controlar.

La reforma legal del aborto que ha presentado el Gobierno va a cambiar el escenario por completo. Por primera vez se configura como un derecho de la mujer, que puede ejercer libremente dentro de las primeras 14 semanas de gestación, hasta la 22 por malformación fetal o grave riesgo para su salud y sin límite de plazo si el feto tiene anomalías incompatibles con la vida o irreversibles y de extrema gravedad.

Cualquier mujer podrá exigir, según el anteproyecto de ley, que se le practique un aborto de forma gratuita dentro de la red sanitaria pública, ya sea en un hospital o en una clínica concertada. El texto señala incluso que si el servicio público de salud no facilita la prestación "en tiempo", la mujer embarazada podrá acudir "a cualquier centro acreditado en el territorio nacional" y las autoridades sanitarias tendrán que asumir "directamente" el pago.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva pretende acabar también con la desigualdad territorial. Los datos son absolutamente heterogéneos entre las comunidades autónomas. Andalucía es la que sube la media de abortos públicos: es una región grande y poblada que financia el 73,6% de sus interrupciones de embarazo. Lo hace a través de conciertos con clínicas privadas, porque los hospitales públicos andaluces apenas llevan a cabo este tipo de intervención -sólo hicieron nueve en 2007-. Sin Andalucía, los porcentajes bajan drásticamente. Hay otras cuatro comunidades que oscilan entre el 32% y el 22%: Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña -tres gobernadas por el PP y una por el PSOE-. Las dos primeras pagan, respectivamente, por el 32% y el 30,8% de las intervenciones. Murcia las hace todas en clínicas privadas concertadas. En Valencia, el 7,3% se lleva a cabo directamente en hospitales públicos y el 23,5% en centros con conciertos.

Madrid y Cataluña sólo pagan a las mujeres con pocos recursos. En Madrid, las pacientes deben acudir a una trabajadora social para acreditar sus bajos ingresos. Si se les concede la ayuda, el Servicio Madrileño de Salud reembolsa el pago al centro privado. El Gobierno regional financia el 22,9% de las interrupciones de embarazo. En Cataluña, salvo el 2,8% que se realiza en hospitales públicos, las subvenciona a través de la ONG Salud y Familia. En función de los ingresos de la paciente se decide si se le subvenciona una cuarta parte, la mitad, tres cuartas partes o la totalidad del pago del aborto. Por tanto, cuando se dice que Cataluña paga el 22,8% de los abortos, hay que tener en cuenta que un 20% son ayudas parciales, no totales.

En el resto de las autonomías la financiación pública es puramente testimonial, en porcentajes que oscilan entre el 3% y el 12%. Muchas veces las mujeres ni siquiera saben que pueden pedir a sus servicios de salud que les paguen el aborto. El sistema es tan opaco que no funciona. No hay en todas las provincias clínicas u hospitales públicos que realicen la intervención. En el caso extremo de Navarra, las mujeres directamente tienen que salir de su comunidad -por lo general a Bilbao, Madrid o Zaragoza-. No hay abortos en suelo navarro.

Galicia y Castilla y León se han negado a facilitar sus datos, por lo que de estas dos regiones se han computado sólo las cifras del Ministerio de Sanidad sobre abortos realizados en hospitales públicos: el 0,1% en Castilla y León y el 3,3% en Galicia. Ante la falta de una ley de acceso a la información pública, algunos organismos y Gobiernos consideran que no tienen porqué informar a los ciudadanos ni a la prensa de datos oficiales que permitan controlar su gestión.

En cuanto al futuro, la mayor parte de las comunidades autónomas dicen que van a esperar a estudiar detenidamente el proyecto de ley del Gobierno antes de decidir cómo cubrir la prestación. Castilla-La Mancha ya ha elegido. Un portavoz explica que va a optar, como Andalucía, por el modelo de conciertos con clínicas privadas. Navarra considera que antes de plantearse esta cuestión, "el Gobierno deberá regular la objeción de conciencia en el ámbito sanitario", como señala un portavoz. Y algunas regiones confían en que no hará falta adoptar medidas adicionales a pesar de que el número de abortos de los que van a tener que hacerse cargo se va a multiplicar. En La Rioja, por ejemplo, desde la Consejería de Salud aseguran que no se van a crear más unidades en los hospitales públicos para practicar abortos y que "no es necesario" un modelo de concierto con clínicas privadas. Pero ahora mismo sólo financian el 4,6% de las intervenciones. Resulta difícil pensar que van a poder hacerse cargo de todas con su práctica sanitaria actual.