Es una cuestión de Estado

El Estado debe garantizar la asistencia a la mujer que tenga que recurrir a la práctica de un aborto en las condiciones que en su día determine la ley. Si no se garantiza la financiación pública, bien dentro de la red pública o con clínicas concertadas, seguiremos manteniendo una legislación que pudiera ser buena pero una práctica que va permitir -como hasta ahora- que haya mujeres con capacidad económica para realizarl el aborto y mujeres a las que les sea prácticamente imposible llevarlo a cabo.

Este Estado que se define como laico debe elaborar leyes de acuerdo con la realidad social, y debe tratar de que el desarrollo de las normas no se vea entorpecido por el mayor o menor poder económico de los ciudadanos o por la desidia de sus gobernantes.

No se puede dejar al libre albedrío de los Ejecutivos de cada comunidad autónoma el desarrollo de una legislación como la del aborto, pues podemos encontrarnos con comunidades -como ocurre actualmente- en las que ningún centro público asume la realización de los abortos ni tampoco se concierta con clínicas privadas, lo que obliga a las mujeres a peregrinar a otras regiones. O, lo más grave, que incluso dentro de una misma comunidad se tenga más o menos derecho a una prestación pública dependiendo del área sanitaria.

La legislación sobre el aborto debe ir acompañada por un desarrollo que garantice que en cada área sanitaria exista como mínimo un equipo público para hacer al menos los abortos que pasen de las 12 semanas y los abortos químicos, y que además se pueda concertar con clínicas privadas aquellas interrupciones de embarazos que no necesiten excesiva tecnología.

Además, ante la posibilidad de un cambio en la legislación vigente sobre el aborto se plantean otras reflexiones en materia sanitaria. Es necesario que el Estado, a través de acuerdos en el Consejo Interterritorial, favorezca el acceso a los métodos anticonceptivos y que estos métodos pasen a estar cofinanciados como cualquier otro medicamento. Y es imprescindible también que la educación sexual sea una realidad en nuestro país, entendiendo por tal el crear actitudes positivas respecto al sexo y a las relaciones.

José Luis Doval Conde es ginecólogo del Hospital de Ourense