El público manda
Desde siempre he tenido una actitud contraria al doblaje de la obra cinematográfica por razones pura y estrictamente artísticas. El doblaje es en sí mismo una aberración que desvirtúa la obra audiovisual de una de sus características esenciales: el audio. A mi ya larga trayectoria profesional de más de 30 años me remito como prueba de ello; durante la cual he procurado por todos los medios a mi alcance defender y difundir las películas tal y como fueron concebidas por sus autores en su versión original. Por ello todo lo que afecte a su tergiversación me parece algo que va contra natura.
Pero siendo acérrimo defensor de la versión original soy igualmente consciente de que la supresión del doblaje sería la muerte del Cine (con C mayúscula) para nuestro público que desgraciadamente, y no por culpa suya, está habituado al consumo de las películas de forma absolutamente mayoritaria en su versión doblada y ello desde hace casi 70 años. Por tanto las medidas que se pretenden tomar no deben entenderse ni justificarse dentro de una concepción legal cinematográfica sino por motivos ajenos al propio cine y que corresponden a unos intereses pura y exclusivamente políticos de "normalización lingüística".
Por ello, y por muy nobles que sean los fines que se persigan, se trata una vez más de utilizar la obra cinematográfica para unos fines ajenos a su propia esencia. No creo que nadie esté en contra de estos fines, pero el procedimiento que se quiere emplear es absolutamente desproporcionado y perjudicial para el mantenimiento de la exhibición de las películas en las salas cinematográficas que hoy por hoy sigue siendo el objetivo prioritario de todo cineasta.
La industria del cine en sus tres sectores de producción, de distribución y de exhibición está en una profunda crisis desde hace varios años basada en algo tan elemental como real que es la disminución progresiva de los espectadores. Y ello es debido a diversos factores que no voy a analizar en este momento pues me saldría del objetivo prioritario de estas líneas. El muy loable deseo de que se exhiba más cine en versión doblada al catalán no se va a conseguir mediante imposiciones legales hechas a espaldas de la industria y, lo que es más importante, del público. Todo cambio de hábito requiere tiempo, quizá demasiado pero que será siempre el que imponga el espectador. De nada vale crear una enorme oferta si no existen consumidores. La educación no se consigue ni a golpe de talonario ni a golpe de imposiciones. Es algo demasiado sutil para que sea banalizado por esas propuestas. En el fondo es lo mismo que la pugna entre el cine en versión original y el cine en versión doblada. La capacidad de elección dependerá siempre de quien compre la entrada y eso no se varía por las buenas. Si se desea que se aumente la asistencia al cine doblado al catalán hágase de forma paulatina, sin precipitaciones que van a tener efectos perversos y opuestos a los fines perseguidos y con unas consecuencias colaterales gravísimas para una industria muy debilitada.
Soy distribuidor y exhibidor de cine y puedo asegurar que nosotros no queremos subvenciones. Lo que queremos son más espectadores. Por los motivos que sean hay una realidad hoy en Cataluña y es tan sencilla como que el público no se identifica con el cine doblado al catalán en las salas. Ignoro los motivos, pero es inadmisible camuflar la realidad manipulando estadísticas. Si se quiere fomentar su asistencia hágase de forma racional y que no perjudique ni a la industria ni a su público potencial. Y no nos engañemos. Ninguna ley por muy potente, bienintencionada y generadora de subvenciones múltiples que sea, cambiará los hábitos del público de la noche a la mañana, sino más bien todo lo contrario. Si no, tiempo al tiempo.
Enrique González Macho es el responsable de la distribuidora y exhibidora Alta Films.
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