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El juez Baltasar Garzón / EFE
Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó ayer con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.
Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.
Uno de los fichajes del PP en su intento por recuperar el poder en Galicia se ha estrellado antes incluso de iniciar la campaña electoral. El hasta ayer cabeza de lista de los populares en Ourense, Luis Carrera Pásaro, ha sido apartado de la candidatura después de que la Cadena SER informase de que en 2004 cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las islas Caimán.
No había prácticamente empezado la comisión de investigación sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid, y el presidente, Benjamín Martín Vasco, del PP, ya mostraba sus cartas. Hasta cuatro veces quitó la palabra a Maru Menéndez, la portavoz socialista, y a Inés Sabanés, de IU, ante el estupor de ambas.
El objeto de la comisión de investigación creada en el Parlamento madrileño es uno: "Analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid". Pero los caminos para llegar a ese objetivo pueden ser varios, porque el escándalo tiene frentes distintos.
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