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La vicepresidenta Fernández de la Vega / ÁLVARO GARCÍA
El Gobierno está seguro de que, antes de abandonar el poder, José María Aznar ordenó borrar los archivos informáticos de la Presidencia. Dispone de una prueba irrefutable: la factura que, por valor de 12.000 euros, cobró una empresa especializada por realizar el borrado.
Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, declaró el pasado día 10 en el Congreso que "ninguna de las aeronaves militares que realizaron escalas en España transportaba en ese momento prisioneros", el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no parece tenerlo tan claro.
El Consejo de Ministros dejó ayer en 60 días el plazo de retención de inmigrantes en situación irregular, que el Ministerio del Interior pretendía elevar desde los 40 días actuales hasta 70. La medida figuraba en el borrador de anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que examinaron los miembros del Gobierno.
Mariano Rajoy volvió a repetir su habitual juego con los periodistas y con su propio partido. Con la excusa de que se trata de un "almuerzo privado", algo inusual tratándose de dos representantes públicos que cobran su sueldo del Estado por representar a los ciudadanos, el líder del PP se negó a confirmar o desmentir lo que apuntaban diversas fuentes del partido.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha reducido de 15 meses a un año de cárcel la pena impuesta al teniente de la Guardia Civil José Manuel Rivas Ruiz por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano el 24 de julio de 2005 en el cuartel de Roquetas (Almería).
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