El Gobierno ignora qué se borró de los ordenadores de La Moncloa

El Gobierno está seguro de que, antes de abandonar el poder, José María Aznar ordenó borrar los archivos informáticos de la Presidencia. Dispone de una prueba irrefutable: la factura que, por valor de 12.000 euros, cobró una empresa especializada por realizar el borrado. Cuando, en abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa tuvo que abonar la factura, aún pendiente de pago.

La tarea se hizo tan a conciencia que no quedó rastro del contenido de los registros informáticos borrados y, por eso, la Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo, el pasado 7 de octubre, a la querella que la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencia en Informática y Comunicaciones Avanzadas y el abogado José Luis Mazón interpusieron contra el ex presidente Aznar. Sin cadáver, no hay crimen. Y sin saber qué documento oficial desapareció, no puede haber delito de falta de custodia.

El Gobierno del PSOE pagó 12.000 euros de factura por el borrado de Aznar

Quizá conocedor de ello, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, retó ayer al Gobierno a presentar una denuncia por este asunto. "Si algo no se ha hecho bien, que vaya a los tribunales", declaró.

Rajoy se desmarcó de las maniobras para eliminar documentos que pudieran realizarse durante la transmisión de poderes, alegando que desconocía por completo el asunto. "Me fui hace más de cinco años [del Gobierno] y el presidente lleva cuatro", recordó. Rajoy dimitió como vicepresidente y ministro de la Presidencia en septiembre de 2003, para presentarse como candidato a La Moncloa en las elecciones de marzo de 2004.

El borrado de los archivos informáticos de La Moncloa fue revelado por EL PAÍS el 13 de diciembre de 2004 y confirmado al día siguiente por José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investigaba los atentados del 11-M.

En una entrevista con la cadena de televisión Cuatro, en la noche del pasado jueves, el jefe del Ejecutivo alegó que no conocía la autorización dada a Estados Unidos por Aznar en 2002 para que hicieran escala en España aviones con prisioneros ilegales con destino a Guantánamo, entre otras razones, porque "había habido un barrido informático masivo" de los ordenadores de La Moncloa. Zapatero agregó que nadie le informó de este tema en el traspaso de poderes y precisó que, si lo hubiera sabido, lo habría denunciado como hizo con la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno tiene la "certeza" de que se realizó el borrado informático. "Otra cosa es que esa certeza se considerase en su día suficiente para establecer algún tipo de acción, dado que se desconocía la naturaleza de la documentación informática desaparecida".

Nadie sabe qué había en los ordenadores, pero sí se sabe qué es lo que no se ha encontrado. Por ejemplo, el acta de la reunión que el minigabinete de crisis mantuvo en La Moncloa tras los atentados del 11-M; las conversaciones que Aznar mantuvo ese día con mandatarios extranjeros y responsables de medios de comunicación; o las informaciones que recibió y las instrucciones que impartió.

En EE UU, el entonces presidente Richard Nixon se vio obligado a dimitir en 1974 tras negarse a entregar al Congreso las cintas donde estaban grabadas las conversaciones que mantuvo con sus colaboradores en torno al escándalo Watergate. La legislación norteamericana no admite que estas conversaciones tuvieran carácter privado.

En cambio, en España, la Abogacía General del Estado, a la que se pidió un informe sobre el borrado de los archivos informáticos, dictaminó que los datos disponibles eran "manifiestamente insuficientes para determinar si los documentos borrados eran oficiales, lo que podría constituir delito". Lo único claro, a su juicio, es que el Gobierno del PSOE debía pagar la factura de 12.000 euros que dejó Aznar.