La prueba del delito

La Audiencia de Madrid archivó la investigación sobre los ordenadores de La Moncloa porque no se probó la desaparición de un documento oficial, y, por tanto, no era aplicable el artículo 413 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada". En cambio, en el caso de los papeles de Guantánamo, un informe oficial, el documento "muy secreto" 3329/02, desapareció de los archivos de la Dirección General de Política Exterior para América del Norte, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y de la Secretaria General de Política de Defensa. El autor del informe, Miguel Aguirre de Cárcer, asegura que lo dejó archivado cuando cesó, en diciembre de 2002. Y Moratinos dice que ya no estaba cuando el PSOE llegó al poder, en abril de 2004. Incluso si no se hizo desaparecer intencionadamente, hubo delito.