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Juan Luis de la Rúa (izquierda), y Carlos Dívar / C. FRANCESC
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, abrió ayer en Valencia unas jornadas con altos cargos judiciales advirtiendo que los magistrados sólo deben hablar en sus autos. Y punto. Pero en el aire flotaba la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de renunciar a su causa contra el franquismo.
El enfrentamiento con su propio partido, el PSOE, le ha resultado insostenible a José Bono y, por eso, el presidente del Congreso ha rectificado y anulado el homenaje a sor Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, consistente en colocar una placa con su nombre en un lugar del Congreso que fue vivienda de la santa a finales del siglo XIX.
El PP ha encontrado un asunto al margen de la crisis para endurecer su oposición: la obra de Miquel Barceló. Los ocho millones de euros que el Estado gasta en la cúpula de la sede de la ONU en Ginebra le han caído del techo al PP y le dan artillería para centrar la sesión de control al Gobierno, descalificar al Ejecutivo y presentar la primera reprobación a un ministro en esta legislatura.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que habrá un antes y un después en la historia de la organización terrorista tras la detención del presunto jefe de los comandos, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki. Pero de ahí a asegurar que el final de ETA está casi al alcance de la mano, va aún un trecho.
Menos los grupos de comunicación beneficiados y, por supuesto, las formaciones que apoyan al Gobierno catalán -y en especial el PSC, al que pertenece el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Josep Maria Carbonell-, todo el mundo ha puesto en entredicho la independencia de este organismo en el proceso de adjudicación de 83 licencias de Frecuencia Modulada.
Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro nunca cobraron de la promotora Esprode los 40 millones de euros que figuraban en el falso contrato que presentaron en un banco de Andorra en 2006 para justificar el ingreso de un millón de euros.
El caso Andratx, uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al urbanismo salvaje, continúa desgranando sentencias judiciales. Jaume Massot, el cerebro de Urbanismo del anterior Gobierno balear, presidido por Jaume Matas, del PP, y que ya había sido detenido por este asunto en 2006, fue condenado ayer por la Audiencia de Palma a cinco años de prisión por falsedad y prevaricación.
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