Aguirre ya tiene en nómina al juez y a un policía del caso

Los principales actores de la denuncia e investigación posterior a los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos han sido premiados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La noticia de las conductas corruptas del entonces regidor socialista de Ciempozuelos se conoció a escasos meses de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, cuando sobre el Gobierno regional de Aguirre se abrían sospechas en relación con quien fue su ex director general de Urbanismo, Enrique Porto.

- El juez del 'caso Ciempozuelos'. Agustín Carretero, juez decano de Valdemoro, recibió la denuncia contra los ex alcaldes de Ciempozuelos el 20 de octubre de 2006 del autodenominado sindicato Manos Limpias. Tenía como base un recorte del diario Abc con el contrato, presumiblemente falso, por el que los cargos socialistas iban a recibir 40 millones de euros de la inmobiliaria Esprode por sus gestiones urbanísticas. Carretero se autoasignó el caso. Durante la instrucción, el PP se personó como acusación y citó como testigo contra Torrejón a la edil socialista María Pérez García, que había investigado en secreto las corruptelas del alcalde, y con quien Carretero mantuvo contactos antes de estallar el caso. Al ser interrogada en sede judicial, la concejal negó, a preguntas de Carretero, tener animadversión hacia el alcalde, lo que contrasta con sus pesquisas y su expulsión del equipo de gobierno en marzo de 2006. La edil tampoco dijo nada de sus conversaciones previas y casi diarias con el juez del caso cuando se le preguntó si tenía algún tipo de relación con las partes. Carretero acordó encarcelar a los dirigentes socialistas -contra el criterio del fiscal, ya que frustró la investigación al anular las escuchas telefónicas- e imputó a tres policías -ya absueltos- del Servicio de Prevención para el Blanqueo de Capitales del Banco de España (Sepblac) por no tramitar un informe sobre los ingresos delictivos de los ex alcaldes de Ciempozuelos en Andorra. En plena instrucción del sumario y lejos de resolver el caso, Aguirre, que había conseguido mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2007, fichó como alto cargo a Carretero. El 5 de julio de 2007 saltó de su juzgado a la Dirección General de Política Interior, a las órdenes del consejero Francisco Granados, ex alcalde de Valdemoro. Hoy Carretero es gerente de la Academia de Policía del Gobierno regional.

- El policía sospechoso. El inspector jefe de policía Vicente García Novoa del Sepblac fue objeto de imputación judicial y expediente interno acusado de sepultar meses el informe y el contrato de Esprode recibidos de las autoridades andorranas donde se alertaba de la presencia de los ex alcaldes socialistas ingresando dinero. Sólo informó a sus jefes el 14 de septiembre de 2006, pese a que conocía los hechos desde mayo de 2006. El juez Carretero declinó interrogar a Álvaro Puerta, tesorero del PP y reconocido amigo de García Novoa, en relación con la filtración del contrato. A pesar de que su caso fue sobreseído, el fiscal, a tenor de su último escrito, no descarta imputarle por "revelación de secretos" si halla mayores indicios. García Novoa ha sido contratado por la Consejería de Vivienda de Aguirre como asesor, en concreto, como "técnico de apoyo a la secretaría general técnica". Según un portavoz, este experto antiblanqueo, se encargará de resolver los conflictos con los inquilinos del Ivima. Posee un nivel 29, lo que le supone unos 4.000 euros brutos de ingresos mensuales.

- El denunciante. El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, es invocado por un comisionista imputado por corrupción en Totana (Murcia), Emiliano Ovide. Éste se jacta de estar en primera "línea de salida" para edificar 200.000 metros cuadrados para VPO en Ciempozuelos pero que no hará nada hasta que hable con Bernad y se desbloquee el plan urbanístico, paralizado por la denuncia de Manos Limpias, que ya ha pedido el cierre del sumario cuando el fiscal aún impulsa pesquisas para detallar los presuntos cohechos municipales.