El Consejo Audiovisual de Cataluña admite que hay presiones para adjudicar emisoras

Menos los grupos de comunicación beneficiados y, por supuesto, las formaciones que apoyan al Gobierno catalán -y en especial el PSC, al que pertenece el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Josep Maria Carbonell-, todo el mundo ha puesto en entredicho la independencia de este organismo en el proceso de adjudicación de 83 licencias de Frecuencia Modulada.

Carbonell se presentó ayer en el Parlamento autónomo para dar explicaciones. Aunque no aclaró ninguna de las preguntas clave que le formularon algunos grupos. Consumió buena parte de su tiempo en defender la independencia del organismo, la suya y la de los 10 consejeros que, aseguró, han hecho caso omiso de las presiones políticas y empresariales que han recibido.

El consejero a propuesta del PP denuncia que el partido le coaccionó

"El Consejo no está formado por representantes de los partidos políticos", aclaró Carbonell, obviando que siete de sus 10 miembros son ex diputados de la Cámara catalana. Echó en cara a algunos diputados que cuestionaran su independencia por sus creencias religiosas. El diputado de Ciutadans Albert Rivera le corrigió. "Aquí nadie ha cuestionado su catolicismo, sino su pertenencia a dos fundaciones del Arzobispado de Barcelona". Y es que la jerarquía episcopal catalana ha obtenido siete frecuencias para Ràdio Estel, una emisora que apenas alcanza los 8.000 oyentes y que estuvo dirigida por otro de los miembros del CAC, Santiago Ramentol. Un miembro del CAC reconoció a este periódico que si Carbonell, en vez de pertenecer a una fundación, hubiera pertenecido a una empresa, habría tenido que inhibirse en este proceso. Además, el CAC mantuvo las emisoras del Grupo Godó, editor de La Vanguardia, no concedió ninguna al Grupo Zeta y le quitó a la SER (propiedad del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) una frecuencia en Lleida para adjudicársela a un grupo inmobiliario.

Carbonell tampoco aclaró por qué tres consejeros se quejaron de falta de debate interno en el pleno de adjudicación de frecuencias, que se plasmó en la abstención de dos de ellos. Retó a quien ponga en duda la honorabilidad del CAC a leerse los 14.000 folios del expediente informativo. Y para defenderse de los ataques de la oposición (CiU, PP y Ciutadans), se valió de las declaraciones de uno de los consejeros, Fernando Rodríguez Madero, quien denunció las presiones políticas e insultos que ha recibido por no plegarse a los designios del PP -formación que le propuso para integrarse en el CAC- y votar en contra de las adjudicaciones.

Las palabras de Rodríguez sirvieron a Carbonell para explicar que, a pesar de las presiones políticas, los consejeros del CAC han actuado con absoluta independencia. Cuando la diputada de CiU espetó al presidente que le pedirían la dimisión en caso de que los tribunales revocaran alguna adjudicación, Carbonell le contestó que, normalmente, ese tipo de recursos tarda ocho años en resolverse, dando a entender que él ya no estaría en el cargo.