Donde dije digo, digo Diego

Vuelve, como el turrón por Navidad, la Ley del Cine, aunque más acertado sería decir que nunca se fue. Hace seis meses, el Congreso de los Diputados aprobaba la ley con pompa, circunstancia y toda suerte de parabienes. Productores, directores, actores, guionistas y técnicos aplaudían desde la tribuna de invitados. Alejandro Amenábar, Pilar Bardem y el ministro de Cultura, César Antonio Molina, escenificaban ante los leones de las Cortes y bajo un paraguas el romance entre el cine español y el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuyos asesores ya debían de estar cocinando, en los fogones de La Moncloa, la campaña de los intelectuales de la ceja.

Aquel día pareció visto para sentencia el maná legal que había de propiciar, entre otras cosas, dos muy ambiciosas: una inyección financiera en las depauperadas arcas de la industria y una vocación agilizadora en su gestión para matar el pegajoso germen de la burocracia. La puesta en marcha de un sistema de incentivos fiscales capaz de atraer nuevos inversores había de sentar las bases para lo primero. La conversión de la Dirección General de Cinematografía en Agencia Estatal debía permitir lo segundo. Pero hete aquí que los productores han dicho Diego donde dijeron digo, y los dicharacheros idus de diciembre han sido sustituidos por algo que ya había definido las negociaciones de la ley: una mezcla de flecos sin peinar y cierta desconfianza entre las partes. La carta con la que se descuelgan ahora los productores es un varapalo al decreto de desarrollo de la ley y, por lo tanto, a la línea de flotación del Ministerio de Cultura. Si, como sostienen, el borrador no contempla esas ventajas fiscales (es fácil suponer que, con la que está cayendo, Solbes haya dicho "ponte aquí y verás París") ni alude a la agencia estatal (y aquí el problema es el mismo para el Instituto Nacional de Cinematografía que para el de Artes Escénicas: un problema jurídico)... habrá que concluir que aquel paraguas era premonitorio. La premonición de un nuevo chaparrón.