Una nueva norma de la UE aboca a nueve empresas al cierre

Nueve empresas vascas, que suman más de 600 trabajadores, se hallan abocadas al cierre. El Gobierno les ha abierto un expediente sancionador por no solicitar la Autorización Ambiental Integrada, la nueva normativa impuesta por la Unión Europea que reúne en uno solo todos los permisos actuales y endurece los requisitos. El pasado 30 de abril expiraba el plazo para que 281 compañías calificadas como las más contaminantes dispusiesen de este permiso, que ha sido tramitado por el Departamento de Medio Ambiente.

Las firmas que incumplen la normativa suman más de 600 obreros

63 empresas carecen aún del permiso tras expirar el plazo hace ocho días

La consejería ha resuelto 209 casos en el plazo fijado, de los que 203 han recibido la autorización ambiental y los otros seis se han archivado: cinco de las empresas habían modificado su actividad y no les afectaba ya esta normativa o habían cerrado; la sexta es el proyecto de la incineradora de Txingudi, que ha sido desechado por sus promotores.

Las 203 que han recibido el permiso tienen que cumplir una serie de condiciones, "mayores o menores según cada caso" y acometer una serie de inversiones para reducir sus impactos ambientales, aseguró el viceconsejero de Medio Ambiente, Ibon Galarraga. Las autorizaciones marcan un plazo de entre 6 y 12 meses para acometer las mejoras. Tras ese periodo, explicó Galarraga, Medio Ambiente verificará las actuaciones realizadas y validará el permiso durante los próximos ocho años. Si no cumplen lo exigido, se puede denegar la autorización.

Entre las que han recibido el permiso, se encuentran la ACB, la incineradora Zabalgarbi, la central de ciclo combinado de Boroa, Tubacex, Maier, Bahía de Bizkaia Electricidad, Michelín o la papelera Smurfit de Iurreta.

Otras 63 empresas carecen todavía de permiso, pese a que el inicial plazo del 30 de octubre fijado por la UE se amplió seis meses, aunque Galarraga aseguró que lo recibirán "en las próximas semanas" y en todas ellas "se ha comprobado que no hay riesgo ambiental". Dentro de este grupo, 37 han completado su información antes del pasado 20 de febrero y entre ellas figuran la sociedad foral Garbiker (encargada de la gestión de las basuras en Vizcaya), el matadero de Bilbao, las compañías Tarabusi, Camelot 97 y Betsaide (dedicadas a la automoción) y Norbega, envasadora y distribuidora de Coca-Cola. Otras 23 empresas aún no han completado su documentación. Dentro de este último colectivo sobresalen Bridgestone (fabricante de neumáticos) y Losal, dedicada a fabricar productos siderúrgicos.

Las nueve restantes no han cursado ninguna documentación, pese a las reiteradas peticiones de Medio Ambiente en el último año, por lo que la consejería les ha abierto un expediente sancionador.

Galarraga destacó que pueden recibir sanciones graves "y en su caso incluso la suspensión de la actividad". La normativa europea prevé el cierre de las empresas sin este permiso. Medio Ambiente considera que algunas de estas nueve empresas deben tener clara su intención de cesar su actividad o la absorción por otras compañías, pues, si no, no se explicaría el riesgo de ver clasuradas sus plantas.

En un principio, las empresas vascas afectadas por la directiva comunitaria rondaban las 290. Tras las alegaciones que formularon, siete quedaron fuera, a lo que se han unido las seis cuya autorización se ha archivado en los últimos meses por el cambio de actividad o cierre. Así, el cupo de compañías que deben tener la autorización suman 275, según los datos de Medio Ambiente.

El viceconsejero agregó que el País Vasco "ha hecho sus deberes" en un proceso de "enorme complejidad administrativa", que se ha visto agravado, según manifestó, por la actitud del Gobierno central. "Primero fue el Gobierno del PP, que traspuso tarde y mal la directiva europea. Y luego el del PSOE, por su incapacidad para enmendar la situación. Se ha sumido a las empresas en una auténtica ceremonia de la confusión".

Medio Ambiente asegura que Euskadi es una de las primeras comunidades autónomas que ha resuelto estas autorizaciones. En toda España están afectadas por la decisión de la UE más de 5.000 compañías.