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Tribuna:ANÁLISIS

El problema no es la toxicidad aguda

Al valorar si la reacción inicial del Ministerio de Sanidad y Consumo en la crisis provocada por la pasta de aceite de girasol procedente de Ucrania ha sido ágil, valiente y acertada o precipitada, temeraria y exagerada, diversos sectores han comentado: es una contradicción recomendar que no se consuma aceite de girasol y al tiempo descartar que exista amenaza de intoxicación aguda. La crítica tiene su lógica, pero, ¿tiene razón? El problema de esa crítica es que soslaya la última palabra, "aguda".

En efecto, tras haber escuchado tantas otras veces el poco creíble "no hay ningún riesgo para la salud", la principal e importante novedad que existe en la reacción del ministerio es la palabra "aguda". El ministro Bernat Soria declaró el 26 de abril: "Sabemos que la concentración de hidrocarburos alifáticos detectados en el aceite es tan baja que no hay riesgo de toxicidad aguda". Una lógica muy sencilla dice que si se descarta la intoxicación aguda o inmediata no se descarta la otra gran forma de intoxicación, la crónica. En esta línea, el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Félix Lobo, afirmó que lo que pretendía "esa medida de protección es cortar cualquier convivencia con una toxicidad crónica". La cuestión es si el propósito se llevará a la práctica.

Lo que más nos preocupa a los especialistas en estos casos son los efectos nocivos a largo plazo de la exposición constante a tóxicos, a dosis o concentraciones generalmente bajas. Disueltos en bastantes de los alimentos grasos que consumimos suele haber contaminantes (hidrocarburos, compuestos organoclorados y organobromados, metales pesados y otros). La mayoría de sus efectos perjudiciales se manifiestan a largo plazo y sólo si nos vamos contaminando por otros productos nocivos (por ejemplo, los del tabaco o la polución urbana). Es probable que algunas de tales mezclas que acumulamos a lo largo de la vida contribuyan a causar una parte importante de las enfermedades crónicas y degenerativas que más afligen a nuestras sociedades. El marco general que explicaría estos hechos es: los agentes químicos ambientales presentes en los alimentos y en otros medios favorecen, mediante diversos mecanismos genotóxicos (dañinos para el ADN), la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas. Por tanto, lo primero que un ciudadano hará al valorar la respuesta a una crisis como ésta será pensar en los efectos a largo plazo de lo que ahora hagamos o dejemos de hacer con la pasta de aceite de girasol importada de Ucrania. ¿Puede tener efectos a corto plazo? Las autoridades afirman que no; esperemos que pronto puedan aportar datos que lo demuestren de forma creíble. ¿Puede un episodio aislado y único tener efectos a largo plazo? Claro que no. ¿Es la actitud y la respuesta ante un episodio como el actual importante? Lo es sólo si estos hechos pueden ocurrir con cierta frecuencia ¿Es esa una posibilidad real? Sin duda, con cierta frecuencia ocurren episodios de contaminación alimentaria por tóxicos que sólo dejan rastro en sofisticadas máquinas de análisis químico.

Es lícito pensar que "ojos que no ven, corazón que no siente", o ser de los que "prefiere no saberlo"; no son actitudes completamente irracionales, aunque me parecen retrógradas y poco constructivas. Favorecen que las empresas y las autoridades "miren hacia otro lado", escondan la cabeza bajo el ala, o consideren que crisis como lo que se está viviendo no merecen mayor firmeza. Minusvalorar las consecuencias de una respuesta más firme o más tibia favorece también que los ciudadanos seamos menos responsables en nuestros hábitos.

En resumen, que no haya riesgo de intoxicación aguda no justifica en absoluto la tibieza ante crisis como la actual. Y finalmente, la cuestión clave es: ¿la respuesta del Ministerio es el resultado de un compromiso político a largo plazo en seguridad alimentaria? Sólo esa coherencia justificaría la reacción que ha tenido.

Miquel Porta es investigador del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona y catedrático de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de abril de 2008