Las farmacéuticas ceden a la presión

Novedades en el panorama del sida: las grandes farmacéuticas han empezado a ceder y están facilitando tratamientos a precio de coste en países pobres. El objetivo es frenar a los genéricos -que se han implantado ya en India y Brasil- y responder a la creciente presión de una opinión pública que ya no queda muda ante una enfermedad de contrastes dramáticos: es crónica en el mundo rico, pero sigue matando a 2,1 millones de personas al año en el pobre.

El tratamiento cuesta 8.000 euros en España y 400 en África

La intervención de ONG y filántropos consigue precios inferiores

Los laboratorios afirman que no invertirán en países que usen genéricos

La OMC permite saltarse las patentes si hay "emergencia sanitaria"

El objetivo de dar tratamiento al 100% de los afectados está aún muy lejos

EE UU vincula su ayuda a que se promueva la castidad

Tres pastillas al día son la diferencia entre sufrir un sida crónico o una sentencia de muerte. Pero decidir quién accede a ellas no está en la mano de los afectados. Vivir en un país u otro marca la diferencia. En la mayoría del mundo, no hay opción. Cada día, más de cinco millones de personas se van a la cama sin esperanzas. Deberían tomar tratamiento, pero éste es muy caro y ni ellos ni sus gobiernos pueden pagarlo. Son el 70% de los siete millones de personas con sida cuyo expectativa es sólo la de empeorar. Y morir.

Pero dos millones de personas que viven en países pobres sí tienen acceso a los antivirales. Son uno de cada tres infectados. Una cifra muy superior a los 700.000 que recibían tratamiento en 2005, aunque proporcionalmente el ascenso haya sido de cinco puntos: del 23% de quienes lo necesitaban entonces al 28% actual. Su futuro es mucho mejor. Viven una situación similar a la de los países ricos, que ha llevado a que científicos y administraciones hablen sin tapujos de la cronificación de la enfermedad. En España, por ejemplo, el tratamiento es universal, pero a un elevado precio (más de 8.000 euros al año por persona) que paga la sanidad pública.

Hace 10 años que se conocen los tratamientos necesarios para que la mayoría de enfermos de sida puedan llevar una vida casi normal. ¿Por qué no hemos sido capaces de dárselos? Si se pregunta a las ONG, hay un culpable principal: la industria farmacéutica, con su defensa de las patentes. Pero esta visión admite matices. Los laboratorios siguen una política de palo y zanahoria. Las presiones de las ONG y la competencia de los genéricos han logrado que cedan y rebajen los precios: de los 8.000 euros que cuesta en Occidente un tratamiento anual, a menos de 300 euros al año.

Gracias a la movilización de activistas y gobiernos, se ha conseguido un sistema de dobles y triples precios. A cambio de mantener las ganancias que consiguen en los países ricos, los laboratorios han accedido a rebajar sus medicamentos en los pobres. Según afirman los fabricantes, los venden a precio de coste.

Un artículo publicado el 15 de noviembre en la revista New England Journal of Medicine refleja esta situación. Una terapia de primera línea (la que se da a un paciente recién diagnosticado) se vende en un país de ingresos medios por unos 700 euros al año. Si el país es pobre, los medicamentos de marca pueden conseguirse por algo más de 400. Estas cifras pueden ser incluso inferiores. Para ello basta con que los gobiernos, en vez de usar el producto de marca, utilicen un genérico. Entonces, el precio puede caer hasta los 330 euros, menos de uno al día.

El problema está en que muchos gobiernos no pueden optar por los genéricos. Para hacerlo tendrían que romper las patentes que protegen los fármacos de marca durante 20 años. Y una decisión así no está exenta de riesgos. Los países más pobres dependen en gran parte de la ayuda internacional. Y muchas veces ésta queda condicionada a su respeto a las patentes.

Es lo que sucede con los más pobres entre los pobres. Aparte de los fondos de la ONU, reciben una importante aportación del Programa Especial del Presidente de EE UU para el Sida (Pepfar en inglés). Esta iniciativa cuenta con 1.000 millones de dólares (673 millones de euros). Pero no es una ayuda desinteresada. Para recibir la aportación, los gobiernos tienen que comprometerse a respetar las patentes -aparte de a dedicar una parte de la ayuda a programas que fomenten la castidad-. Y el poder de EE UU, sede de gran parte de los laboratorios que fabrican antivirales, es incontestable.

Una solución está en la intervención de algunas organizaciones sin ánimo de lucro pero con gran poder mediático. En el artículo mencionado se muestra que cuando interviene la Fundación del ex presidente de EE UU Bill Clinton, el precio baja hasta los 259 euros. Excesivo para muchas economías, pero considerablemente inferior al ofertado inicialmente por los laboratorios.

Lo peor es que, legalmente, esos países no tendrían que esperar a la beneficencia -lo que, por un lado, no garantiza un suministro continuo y, por otro, impide que se desarrolle una industria propia-. El derecho a la propiedad intelectual de los fármacos está protegido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el llamado acuerdo ADPIC (TRIPS en inglés) de 1995. Pero en 2003, en Doha (Qatar), se acordó una excepción: un país podría emitir una licencia obligatoria -es decir, saltarse la patente y fabricar o importar genéricos sin sufrir represalias- si vive una situación de "emergencia sanitaria". Y pocos pueden poner en duda que el sida, en países con tasas de infección en adultos de más del 20% (el extremo sur de África), lo es.

Pero sólo algunos países se han atrevido a usar genéricos. Los grandes laboratorios mantienen una constante campaña de desprestigio contra estos productos. En un reciente encuentro organizado para periodistas por la patronal española de los fabricantes de medicamentos de marca, Farmaindustria, Icíar Sanz, directora del departamento Internacional, mencionó la posible diferencia de calidad y de eficacia; el riesgo de que se comercialicen medicamentos falsos con la etiqueta de genérico y la falta de control comercial. Este último aspecto es especialmente grave para la industria, que teme que los productos destinados a los países pobres se desvíen y acaben socavando los mercados de los países ricos. La tentación para que esto ocurra es obvia vista la diferencia de precios. En el ejemplo del tratamiento contra el sida, el precio de venta en Europa de la misma combinación multiplica por 20 el precio a que se facilitan a los países pobres. Ya ha habido algún caso de un medicamento vendido a África a precio de coste que ha aparecido en Holanda.

Sanz insiste en que el problema no son los laboratorios. "El 95% de los medicamentos considerados esenciales por la OMS está fuera de las patentes", afirma. Una realidad que, según un reciente estudio de Intermón Oxfam, no puede aplicarse al sida, donde hasta hace dos años sólo un producto, el AZT, estaba fuera del periodo de protección.

Además, se repite insistentemente que los fármacos están ahí, pero que los países pobres carecen de estructuras sanitarias para repartirlos. Una realidad, contestan algunas ONG, que se agrava cuando un laboratorio -Abbott- sólo da a precio reducido un fármaco que necesita refrigeración, y deja la versión moderna, que no la requiere, a precio de rico. Algunas ONG han propuesto utilizar otras redes, como la de Coca-Cola, para distribuirlos.

También se pone constantemente en duda la seguridad de los genéricos (ayudados a veces por la OMS, que hace un par de años desaconsejó temporalmente algunos indios por problemas burocráticos que fueron publicitados como falta de calidad).

Los laboratorios refuerzan su posición directamente con amenazas. En el último año ha habido países emergentes -India, Tailandia, Malaisia y Brasil- que se han atrevido a decretar el uso de genéricos contra el sida. La respuesta de los fabricantes ha sido advertirles de que con ello retrasarán la llegada al país de futuras innovaciones, o de que retirarán las inversiones que realizan.

Aunque este último aspecto no parece muy preocupante. Los laboratorios, según Intermón Oxfam, ignoran las necesidades de los países pobres. De las 160 moléculas aprobadas entre 1999 y 2004, sólo tres eran para enfermedades olvidadas, de acuerdo con un estudio que presentó el martes la ONG. Farmaindustria aporta otros datos. En 2005 había 32 medicamentos y 3 vacunas para enfermedades tropicales en ensayos; en 2006, eran 43 fármacos y 6; en 2007, 50 y 8, según Sanz. Ello no quiere decir que todos vayan a comercializarse, pero sí muestran el interés de la industria, afirma Sanz.

Pero las relaciones entre laboratorios y países pobres no se basan sólo en los palos. También hay zanahorias. Casi todos los fabricantes tienen fundaciones o programas de apoyo. Estas ayudas corren el riesgo de perderse si un Gobierno se enfrenta directamente al laboratorio que los financia. Entre estos proyectos hay uno de erradicación de la oncocercosis (o ceguera de río), financiado por Merck, que dona su fármaco Mectizan a varios países de América y África; el de creación de hospitales pediátricos contra el sida en Suazilandia, Lesoto, Botsuana y Kenia, los mayores de su especialidad en el mundo, que financia la Fundación Secure the Future (tras la que está Bristol-Myers Squibb) o el programa de investigación en una vacuna contra la malaria que dirige el español Pedro Alonso y que cuenta con el apoyo de Glaxo SmithKline.

El futuro, insisten los laboratorios, es la creación de grupos mixtos entre administraciones, industrias y ONG, como la que está impulsando el proyecto de Alonso. Pero hay otras posibilidades. La favorita, en estos momentos, es el compromiso anticipado de mercado. Este sistema, que puede cobrar un gran impulso desde la irrupción de magnates como los Gates, Clinton, Rockefeller y otros en el mundillo sanitario. Consiste en que estos socios garantizan a los laboratorios que van a comprar el resultado de una investigación y un tratamiento nuevo. De esta manera, el riesgo se reparte: el laboratorio invierte sin estar seguro de conseguir el objetivo; los donantes se comprometen a pagar si hay resultados.

Estas propuestas son la vía de futuro. Pero todavía quedan muy lejos. Mientras tanto, las ONG afirman que debe actuarse de una manera más radical: ofrecer fármacos a precio de coste o inferior para las dolencias más graves a los países pobres, y dejar que la industria recupere sus costes de investigación en los países ricos. Y, si no, retirar las patentes y dejar que laboratorios de otros países -India, Brasil, Suráfrica- fabriquen los medicamentos. Sólo así podrá llegar el día en que el 100% de las personas que lo necesitan reciban tratamiento antiviral. Y reducir la cifra de 2,1 millones de fallecimientos anuales por sida -de los que 330.000 son niños de menos de 15 años- a las mismas proporciones que han permitido que en países como España los propios médicos califiquen ya la enfermedad como crónica.

Annie Lennox, contra el sida en Sudáfrica