La guerrilla colombiana anuncia la muerte de 11 diputados secuestrados en 2002

"Luchamos por su libertad cinco años. No es justo que nos los entreguen muertos", dijo entre lágrimas Ruby Jaramillo, una mujer joven, esposa de uno de los 11 diputados de la provincia de Valle del Cauca secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y muertos el 18 de junio "en medio de un fuego cruzado", según anunció ayer la guerrilla. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, rechazó esa versión. "Fueron asesinados vilmente. No hubo operativo de rescate", dijo tras una reunión extraordinaria del consejo de seguridad.

Las FARC sostienen que fuerzas militares "acompañadas de bandas paramilitares y con el apoyo descarado de mercenarios extranjeros" intentaron un rescate. Los muertos formaban parte del grupo de 56 canjeables con los que la guerrilla pretende lograr la libertad de sus combatientes en prisión. En este grupo están Ingrid Betancourt -ex candidata presidencial y ciudadana francesa-; su candidata a la vicepresidencia, Clara Rojas; el hijo de tres años de ésta, nacido en cautiverio; y tres estadounidenses.

La noticia se conoció en la mañana del jueves. En un escueto comunicado, con fecha del 23 de febrero y emitido por el bloque occidental de las FARC, se afirma que un grupo "militar sin identificar" atacó el campamento donde se hallaban los prisioneros. Horas más tarde, la guerrilla amplió su versión vinculando a Ejército, paras y mercenarios con una operación de rescate.

¿Por qué esperó la guerrilla tanto tiempo para comunicar lo ocurrido? Las familias exigen claridad. Y se la piden también al Gobierno. ¿Se realizó algún operativo en la zona? Uribe respondió ayer a la pregunta. Aseguró que no hubo combates el 18 de junio en esa zona donde deambulan guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

También hay varias hipótesis: ¿dispararon los guerrilleros a sus rehenes al sentir el rotor de los helicópteros? Se sabe que tienen la orden de no dejar escapar con vida a ninguno de sus secuestrados. Otra hipótesis: que se trate de una represalia por la reciente muerte, el 15 de junio, de un comandante de las FARC.

En la casa de Fabiola Perdomo, una de las viudas, situada en una zona residencial de Cali, llegaron uno a uno los familiares de los 11 diputados asesinados. Allí, en la terraza, se habían reunido en varias ocasiones para ver y repasar una y mil veces los vídeos que en ocho oportunidades les enviaron desde el cautiverio.

Ayer descargaron su dolor y su rabia. Contra las FARC, porque son los culpables. Ellos llevaron a cabo el secuestro el 11 de abril de 2002 en un operativo cinematográfico a pleno mediodía y en pleno centro de Cali, en la sede de la Asamblea Departamental. Y rabia contra el presidente Álvaro Uribe.

Se habían agrupado en una organización a la que bautizaron Por la vida y la libertad y habían pedido un acuerdo humanitario que les devolviera a sus seres queridos. Con camisetas negras en las que se leía "el rescate militar es la muerte para los secuestrados" y portando ataúdes, realizaron manifestaciones contra el operativo militar muchas veces anunciado por Uribe. Fabiola Perdomo acusó a la guerrilla y al Gobierno de haber "frustrado sus sueños".

A comienzos de este mes, Uribe liberó de manera unilateral, esperando un gesto de las FARC, a varios guerrilleros, entre ellos -por petición especial del presidente francés, Nicolas Sarkozy- al llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda. Granda está hoy en Cuba.

Hace apenas una semana, los emisarios de España, Francia y Suiza, los países que luchan por un acuerdo humanitario, se reunieron con el portavoz de las FARC, Raúl Reyes. Hoy debería celebrarse una reunión de evaluación en Ginebra. No es la primera vez que mueren canjeables. En mayo de 2003, en un fallido rescate, murieron un gobernador, un ex ministro y siete militares.

En su comunicado y con su cinismo habitual, las FARC manifiestan "su profundo pesar por la tragedia" y prometen que harán lo que esté a su "alcance" para entregar los restos mortales de los diputados. Uribe pedirá apoyo internacional para recogerlos y también el envío de un equipo forense internacional que explique al mundo "las circunstancias del crimen".

Amnistía Internacional exigió ayer a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla, devolver de inmediato a sus secuestrados civiles. Los primeros tienen 765 en su poder; los segundos, 410.