París se opone a usar la fuerza para liberar rehenes

Francia insistió ayer en su postura radicalmente opuesta a las operaciones militares que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, lleva a cabo contra la guerrilla, concretamente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para intentar liberar a los rehenes que estos grupos mantienen en sus campamentos de la selva, "debido a los riesgos para la vida de los secuestrados", según el portavoz de Exteriores, Jean-Baptiste Mattéi. Francia, especialmente desde la llegada a la presidencia de Nicolas Sarkozy, se ha involucrado en las negociaciones para liberar a los rehenes, y más concretamente de la que fuera candidata a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt, que posee la nacionalidad francesa y cuya familia, residente en París, lleva a cabo desde hace tiempo una campaña por su liberación.

Nada más llegar al Elíseo, Sarkozy recibió a los familiares de Betancourt e intervino para que el presidente Uribe pusiera en libertad a Rodrigo Granda, un guerrillero a quien se le atribuye la capacidad de negociar a escala internacional en nombre de las FARC.

Granda, que formó parte de un grupo de unos 200 presos puestos en libertad hace un mes, se encuentra actualmente en Cuba, pero no parece que las negociaciones hayan avanzado. Según el portavoz del Quai d'Orsay, Francia está "plenamente implicada en la búsqueda de una solución humanitaria", y trabaja "junto a Suiza y España".

La madre y la hermana de Ingrid Betancourt, que lleva secuestrada desde febrero de 2002, realizaron ayer un llamamiento a los Gobiernos de Francia, España y Suiza para que presionen "firmemente" a Uribe para "evitar a cualquier precio nuevas operaciones militares". En su opinión, el Gobierno colombiano debe aceptar las condiciones de las FARC, que exigen que se retire de una zona de la selva donde se supone que tendría lugar el intercambio de presos por rehenes.

En su comunicado, la madre de la secuestrada, Yolanda Pulecio, y la hermana, Astrid Betancourt, señalan que la solución del problema de los secuestrados y la negociación de un acuerdo humanitario pasan "obligatoriamente por la aceptación por el Gobierno colombiano de una zona desmilitarizada".