Colombia debe pagar 6 millones por la muerte de 11 funcionarios
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado colombiano a pagar 7,8 millones de dólares (5,8 millones de euros) a los familiares de 12 funcionarios judiciales asesinados en 1989. Se trata de la mayor condena que dicho tribunal ha impuesto a Colombia.
La CIDH, tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó el viernes que en el asesinato de 12 de los 15 miembros de una comisión judicial que investigaba la matanza de 19 comerciantes intervino un grupo paramilitar de ultraderecha apoyado por miembros del Ejército. El crimen se perpetró durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
La comisión judicial había emprendido la investigación del asesinato de 19 comerciantes en el poblado de Puerto Boyacá, a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, perpetrado en octubre de 1987. Los 15 miembros de la comisión, de los que tres sobrevivieron, fueron interceptados en el municipio de Simacota, a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, en enero de 1989.
El fallo de la Corte, con sede en Costa Rica, es de obligado cumplimiento. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad, como ha sucedido en otras ocasiones, pero aún debe completar la investigación sobre esa matanza para juzgar a los autores. El Estado deberá pagar la indemnización a los familiares de las víctimas y pedirles perdón en un acto público. Los funcionarios judiciales asesinados fueron los jueces Pablo Beltrán Palomino y Mariela Morales Caro y 10 funcionarios del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial.
Por otro lado, el Ejército colombiano anunció ayer la muerte en combate de uno de los principales ideólogos de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se trata de Luis Fernando Vanegas, alias Cristián Pérez, que además fue médico personal del máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo. Los combates tuvieron lugar en el municipio de Buga, 400 kilómetros al suroeste de Bogotá, durante una operación en la que se desmanteló una fábrica de minas antipersona y explosivos.
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