Colombia traslada a 200 guerrilleros presos a una cárcel vacía para canjearlos por rehenes
Uribe intenta que las FARC liberen a la francesa Ingrid Betancourt y a otros 50 cautivos
El Gobierno colombiano empezó ayer el traslado de unos 200 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a una cárcel especial desde donde pretende liberarlos a cambio de que los mandos de la guerrilla más antigua del país liberen a 54 rehenes. La cárcel fue desalojada previamente de presos comunes, con las consiguientes protestas de sus familiares. Entre los rehenes canjeables se encuentra, desde 2002, la ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancourt, por cuya libertad Francia ha presionado al Gobierno colombiano.
El municipio de Chiquinquirá se convirtió desde ayer en la sede de concentración de los guerrilleros de las FARC. A la cárcel Normandía de esta población ganadera de 60.000 habitantes, 250 kilómetros al norte de Bogotá, llegaron, en autobuses, a las 10 de la mañana, los primeros 45 guerrilleros que aceptaron la oferta del Gobierno. Al medio día ya llegaron a Normandía 91 y el resto, hasta sumar unos 200, volaba desde varias prisiones provenientes del todo el país hacia la de Normandía. Todos ellos están condenados por pertenecer a la guerrilla.
Los guerrilleros permanecerán varios días en este penal, con capacidad para 350 reclusos, antes de quedar libres. En principio, se han comprometido a integrarse en un programa de reinserción. En las regiones donde vayan a vivir ejercerán como gestores de paz.
El Gobierno no ha aclarado cuántos serán los beneficiados y cuándo llegarán al penal los guerrilleros condenados por delitos atroces. Sólo se sabe que en el grupo hay 11 integrantes del comando élite de las FARC, el Teófilo Forero, y 13 mujeres.
Una de las guerrilleras salió con destino a la cárcel de Normandía con su hijo nacido en prisión. "Es un bonito mensaje para que las FARC liberen a Emmanuel", declaró el ministro del Interior, Carlos Holguín. Emmanuel nació hace tres años de la unión de un guerrillero y Clara Rojas, ayudante de la candidata ecologista a la presidencia colombiana y ciudadana francesa, Ingrid Betancourt, en manos de la guerrilla desde hace cinco años. El Gobierno pretende que la guerrilla más poderosa del país responda a su gesto con la liberación de Betancourt y unos 50 rehenes. Pero no hay hasta el momento ningún gesto de los dirigentes de las FARC que haga pensar en que eso se llevará a cabo. El senador opositor Gustavo Petro asegura que no se debe dar este premio a los guerrilleros sin la seguridad del beneficio para las víctimas.
Los que no están muy contentos son los habitantes de Chinquinquirá, la "ciudad religiosa" de Colombia. Esta población, puerta de entrada a la siempre conflictiva zona de explotación de esmeraldas, teme por su seguridad.
Además, los familiares de los reclusos de este penal que hasta hace poco era exclusivo para reclusión de funcionarios, sienten que se cometió una injusticia. En los últimos cuatro días los detenidos fueron trasladados a otros penales; ahora, temen que sea más difícil visitarlos.
Mientras tanto, ayer aún se especulaba sobre la puesta en libertad de Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC por su labor parecida a la de un embajador volante. Los medios dan como seguro que este guerrillero de 57 años, con dos procesos penales en su contra, uno por rebelión agravada y otro por entrenamiento de actividades jurídicas, saldría hoy de una cárcel de máxima seguridad.
Pasadas las ocho y medio de la noche de ayer en la España peninsular, el presidente Álvaro Uribe anunció "un nuevo gesto humanitario unilateral como contribución" a la libertad de todos los cautivos en manos de las FARC. El gesto tendría lugar "en las próximas horas". La prensa colombiana auguraba que el gesto consistiría en la liberación del canciller y máximo dirigente de las FARC en prisión.
"Desconozco el tema", declaró a este periódico Miguel González, abogado de Granda. "Soy pesimista; no creo que esto llegue a buen puerto", afirmó. El letrado aseguró que el proceso empezó mal, pues "no se puede decidir de manera unilateral asuntos que implican a dos partes".
A pesar de estas declaraciones, algunos medios colombianos insistían ayer en que Rodrigo Granda prodría ejercer las funciones de una especie de negociador especial y que tendría un pasaporte otorgado por el Gobierno de Francia, para poder viajar a ese país. Francia tiene espacial interés en este asunto porque Ingrid Betancourt es ciudadana francesa.
La idea del Gobierno es indultar y amnistiar a quienes estén condenados por delitos políticos y cobijar con la Ley de Justicia y Paz a los acusados de delitos de lesa humanidad. Los grupos guerrilleros siempre han dicho que no se acogerían a esta ley; consideran que esta norma fue concebida con el único objetivo de liberar a los paramilitares presos.
Los rebeldes ignoraron un gesto similar en 2004
El 2 de diciembre de 2004, en el primer mandato de Álvaro Uribe, se vivió en Colombia, en pequeño, la misma situación de excarcelación unilateral de guerrilleros de las FARC. 23 miembros de esta organización salieron de la cárcel y se unieron a los programas de reinserción oficial. Actualmente siguen vinculados al plan, salvo uno de ellos. Como hoy, el presidente Uribe esperaba una respuesta. Pero no pasó nada. Los rehenes siguieron en manos de la guerrilla.
Uribe es el único presidente que ha utilizado este mecanismo. Su antecesor, Andrés Pastrana, en medio del proceso de paz con las FARC que terminó en fracaso, negoció un canje de casi 300 soldados por 14 guerrilleros enfermos. Pero a diferencia de Uribe, su trato fue bilateral, pactado. Ocurrió en junio de 2001. La condición era que los guerrilleros no volvieran a las filas de su organización. Y ese aspecto, la guerrilla no lo cumplió.
Los uniformados devueltos por las FARC eran soldados y policías de bajo rango que estaban en el paquete de canjeables. Las FARC los llevó encadenados del cuello al lugar de la entrega.
