Una impunidad vitalicia

La muerte de cualquier hombre me disminuye,

Porque soy una parte de la humanidad.

Por eso no preguntes nunca

Por quién doblan las campanas,

Están doblando por ti.

John Donne

"No le deseo la muerte a nadie. Pienso en Pinochet y me digo que la desaparición física del ex dictador consagra la sospecha de que sus crímenes quedarían impunes. Ninguna sentencia condenatoria se ha dictado contra él", dijo Víctor Pey, de 91 años, en una conversación telefónica con este periódico desde su apartamento en Santiago. Pey, antiguo miembro de la dirección de armamentos de la Generalitat de Cataluña, se exilió en Chile en agosto de 1939, donde llegó, con unos 2.300 españoles, en el carguero francés Winnipeg.

El desinterés del Gobierno de Aznar facilitó la puesta en libertad de Pinochet

En 1998, casi 60 años más tarde, este hombre, que fue amigo íntimo del presidente constitucional Salvador Allende, alertó al abogado español Joan Garcés sobre el viaje de Pinochet a Europa para que se pusiera en marcha la maquinaria del arresto del ex dictador en Londres. Aunque él se resistió a escucharlas, las campanas de aquel famoso verso del poeta y clérigo inglés John Donne doblaron definitivamente por Augusto Pinochet el 16 de octubre de 1998.

Sobre las tres de la tarde de ese día el juez Baltasar Garzón firmó la orden de arresto internacional y la cursó a Londres. Nueve horas más tarde, hora española, el ex dictador era detenido por dos miembros de la Policía metropolitana en la London Clinic, donde se recuperaba de una operación de espalda.

Pinochet permaneció bajo arresto domiciliario durante 17 meses en una casona del condado de Surrey mientras se sustanciaba la petición de extradición solicitada por el juez Garzón. Los crímenes de Pinochet, cometidos durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y durante sus años de dictador supremo y presidente, dieron en esos 503 días la vuelta al mundo. "En el selecto mundo del derecho internacional la gente se pregunta: ¿dónde estabas cuando Pinochet fue arrestado? El 16 de octubre de 1998 es lo más parecido que puedes encontrar al asesinato de John F. Kennedy o John Lennon. Esa fecha marca el comienzo de un proceso que transformó el orden legal internacional y que catapultó el arcano mundo del derecho internacional a las portadas de los periódicos y de la televisión en todo el mundo", dijo a EL PAÍS Philippe Sands, uno de los abogados que participó en la acusación contra el ex dictador en la Cámara de los Lores.

Los crímenes de Pinochet no fueron enjuiciados formalmente en Londres. Pero el procedimiento de extradición para ver si el ex dictador podía ser juzgado en España por dichos crímenes se convirtió, excepcionalmente, en un juicio de facto sobre las atrocidades cometidas en Chile durante los años setenta y ochenta del siglo pasado. En una pequeña sala gótica de la Cámara de los Lores cinco jueces lores -equivalentes a magistrados del Tribunal Supremo- escucharon durante meses argumentos jurídicos sobre el derecho invocado por la defensa de Pinochet a una inmunidad frente a los delitos por los cuales el juez Garzón solicitaba la extradición. Los abogados británicos del ex dictador aseguraron que la ley británica de Inmunidad de Estado de 1978 se aplicaba tanto a jefes de Estado en ejercicio como a ex gobernantes, como era el caso de Pinochet. Con todo, la ley británica no era, ni mucho menos, tajante respecto a los ex jefes de Estado. En ese caso, la ley británica debía aplicarse en correspondencia con el derecho internacional. Problema: si la ley internacional hubiese tenido jurisprudencia clara el debate se hubiese limitado a su aplicación. Pero tampoco era el caso. Por tanto, la sentencia de extradición del caso Pinochet exigía un debate ya que podría marcar un antes y un después en la interpretación de los delitos internacionales y la inmunidad que invocaban quienes eran acusados de haberlos cometido. En la pequeña sala, durante largos meses, cada uno de los delitos descritos en la solicitud de extradición y el auto de procesamiento, firmados ambos por el juez Garzón, fueron objeto de un análisis minucioso, para determinar si encajaban o no en la ley británica y en el derecho internacional. Ello requería un relato pormenorizado de los hechos.

La desaparición de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración, la ejecución de opositores y la tortura sistemática en el Chile de Pinochet se situaron en el centro del debate. El 25 de noviembre de 1998, en la sala principal de la Cámara de los Lores, se dio a conocer el veredicto que tanto la CNN como la cadena BBC de radio retransmitieron en directo. Uno a uno los cinco jueces comenzaron a pronunciarse. Dos estaban a favor de reconocer la inmunidad de Pinochet y, por tanto, dejarle en libertad para que regresara a Chile, y otros dos se expresaron en contra. Entre estos dos últimos, uno de ellos, Lord Steyn, advirtió que cuando Hitler ordenó la solución final para los judíos podría invocar su condición de jefe de Estado para obtener su inmunidad, pero, advirtió, la solución final no formaba parte de las funciones de un jefe de Estado, y por tanto no podría gozar de inmunidad. El hecho es que había un empate y faltaba el voto del último juez, Lord Hoffman, quien, al hacer uso de su turno, inclinó el resultado contra Pinochet. Un grito sofocado cruzó la sala de un extremo a otro. El público, integrado en su mayoría por víctimas y familiares de desaparecidos, ejecutados y torturados, estalló en júbilo.

"Los intereses de las víctimas fueron puestos por encima de los intereses de los políticos y sus Estados", explicó Sands. Aunque el juicio del 25 de noviembre de 1998 debió repetirse por la relación de uno de los jueces lores, Lord Hoffmann, mantenía con la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, otro tribunal resolvió, el 24 de marzo de 1999, que Pinochet podía ser extraditado a España por los delitos de tortura cometidos en Chile después de octubre de 1988, fecha en la que entró en vigencia, en España, Reino Unido y Chile, la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas. Sin embargo, el ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw, tras soportar una presión del Gobierno de Chile y un desinterés manifiesto del Gobierno de José María Aznar por la extradición, resolvió el 2 de marzo de 2000 dejar en libertad a Pinochet por considerar que no estaba en condiciones físicas y mentales para someterse a un juicio.

"Sé muy bien que la consecuencia práctica de rechazar la extradición al senador Pinochet a España es que probablemente no sea juzgado en ninguna parte. Soy muy consciente del daño que habrán de sentir aquellos que sufrieron por la violación de los derechos humanos en Chile en el pasado, así como sus familiares. Todos estos aspectos son de gran preocupación y los tengo muy en cuenta cuando he considerado el estado de salud del senador Pinochet... En última instancia, empero, he llegado a la conclusión de que un juicio sobre los cargos contra el senador Pinochet, aunque deseable, no es ya posible", explicó Straw en la Cámara de los Comunes.

Al llegar a Santiago, la salud de Pinochet, cuál Lázaro, resucitó. El ex dictador se levantó de su silla de ruedas y saludó a las autoridades militares. Había salvado su pellejo. Straw no se ha equivocado en lo esencial. La consecuencia de liberar a Pinochet en marzo de 2000 ha llevado a que el ex dictador no fuese juzgado en ninguna parte.

Si bien su regreso a Chile reflotó decenas de investigaciones judiciales sobre los crímenes y su inmunidad como senador primero y ex presidente después fue anulada en varias oportunidades, lo que condujo a su procesamiento y arresto domiciliario, en el cual se encontraba hasta el momento de su muerte, ninguna sentencia condenatoria ha sido dictada contra él. La ley de Amnistía de 1978, que Pinochet diseñó como su escudo, era, por otra parte, el reaseguro incluso en el caso de que las investigaciones hubieran llevado a su condena. Todo estaba atado y bien atado. Solo había una excepción.

La ley de Amnistía protegía a Pinochet por sus crímenes de lesa humanidad y le hubiese salvado en el caso de una sentencia condenatoria de los jueces. Pero, en cambio, había una salida a la Capone para el caso Pinochet, esto es, una sentencia condenatoria por los 16 millones de dólares que Pinochet y sus familiares robaron y ocultaron en cuentas del banco norteamericano Riggs y sociedades fantasma localizadas en paraísos fiscales. La ley de Amnistía no cubría el robo y la malversación de fondos públicos. Y, por tanto, una sentencia hubiese tenido un efecto real.

La justicia chilena actuó durante estos años con el objetivo pragmático de salvar la cara. Los políticos de la Concertación (socialistas y democristianos) no hicieron el esfuerzo, como fue el caso de Argentina, de anular una ley de protección de los crímenes de lesa humanidad. Antes de que su muerte extinguiera sus responsabilidades penales, Augusto Pinochet ya había conseguido en vida garantizar su objetivo: la impunidad vitalicia.

Con todo, la imagen de Pinochet sufrió a partir de la acción del juez Garzón un proceso de demolición inesperado. Sus interminables procesamientos en Santiago redujeron a cero la presunción de inocencia que él podía invocar frente a los crímenes que organizó, directamente o indirectamente. Y es esa acción de Garzón, del fiscal Carlos Castresana y del abogado Joan Garcés la que, incluso, está permitiendo resarcir a sus víctimas con los ocho millones de dólares que Pinochet robó y mantuvo ocultos en paraísos fiscales.