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La desaparición de un dictador

Miles de chilenos festejan en Santiago la muerte del dictador al grito de "ya cayó"

Defensores de derechos humanos lamentan que falleciese antes de que se le pudiera condenar

Los dos Chiles salieron ayer a la calle. Los partidarios de Augusto Pinochet enarbolaron fotos del difunto, derramaron lágrimas y cantaron el himno nacional ante el Hospital Militar. La Alameda Bernardo O'Higgins, la principal arteria que cruza Santiago, se llenó de gente que celebraba la muerte de Pinochet. En la plaza de Armas, familiares de detenidos desaparecidos descorcharon botellas de champaña, y en algunas poblaciones de la periferia detractores del ex dictador encendieron fogatas para festejar el deceso del militar, mientras que los automovilistas hacían sonar sus bocinas.

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La noticia de la muerte de Pinochet sorprendió a muchos chilenos en las carreteras, de regreso a sus casas tras un largo puente. A pesar de ello, decenas de miles ocuparon la Alameda con banderas chilenas. Se escucharon proclamas y cánticos. El más repetido fue el de "ya cayó" en referencia al histórico "va a caer" que se coreaba tras el referéndum de 1988, que marcó el final del Gobierno militar. Había emoción entre los detractores que festejaban el óbito, tanto en Chile como fuera del país. Bastaba ver anoche la algarabía de decenas de chilenos en la madrileña Puerta del Sol: "Pinochet al cajón, por fascista y por ladrón", cantaron.

El sentimiento también desbordó a los partidarios locales del dictador, que aunque menores en número, manifestaron su dolor delante del Hospital Militar en Santiago tras superar el impacto de la noticia. Desde Londres, los acompañaba en el sentimiento la ex primer ministra Margaret Thatcher, quien dijo estar "profundamente entristecida" por el fallecimiento de Pinochet. La dama de hierro siempre agradeció la ayuda del dictador durante la guerra que enfrentó al Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas en 1982.

Tras algunos incidentes violentos provocados por el júbilo de muchos y el desconsuelo de otros llegaron las primeras reflexiones políticas y algún que otro lamento. El escritor uruguayo Mario Benedetti, quien padeció los rigores de la dictadura militar en su país, fue el más literario: "La muerte le ganó a la justicia". El abogado Eduardo Contreras, que interpuso junto a la fallecida Gladys Marín la primera querella contra el dictador, se mostró convencido de que Pinochet, a pesar de todos los requiebros que hizo a la justicia en los últimos años de su vida, "no ha muerto en paz". "Hay que enterrarlo como un delincuente y no con honores", declaró al diario El Mostrador.

El abogado español Joan Garcés, el principal impulsor de los procesos judiciales en España y de la detención de Pinochet en Londres, aseguró que las víctimas del dictador le querían con vida para que respondiera ante la justicia. Garcés, que reconoció que con esta muerte "desaparece el símbolo de uno de los Gobiernos más represivos de la guerra fría", se felicitó de que el "manto de impunidad" que cubría las acciones del dictador había desaparecido hace tiempo con las actuaciones legales en varios países.

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Isabel Allende, hija de Salvador Allende, derrocado por Pinochet en 1973, dijo ayer en Madrid, donde se encuentra de visita, que le duele que, más allá del desprestigio de haber sido procesado o imputado, jamás concluyó un juicio contra él. "Tienen que continuar los procesos. Con su muerte no se cierra ningún capítulo, ni de la verdad ni de la justicia, ni el de la responsabilidad. Eso es doloroso porque nunca se ha emitido una condena, que es lo que todos perseguimos", dijo a Efe.

Es la opinión de Jack Lang, ex ministro de Cultura de Francia y asesor especial de la candidata socialista a la presidencia francesa, Ségolène Royal. El nombre de Pinochet, dijo Lang, quedará "ligado a las horas más negras del fascismo latinoamericano y a las peores acciones del imperialismo estadounidense". Para Amnistía Internacional, la muerte de Pinochet representa una "llamada de atención" para los Gobiernos y demuestra la necesidad de una justicia rápida que impida que los culpables de violaciones de derechos humanos eviten ser procesados.

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