El proceso para el fin del terrorismo
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha avalado la legalidad de los contactos públicos mantenidos entre dirigentes del PSE y de Batasuna el 6 de julio pasado para impulsar el proceso para el final de la violencia de ETA. Así se desprende del auto dictado ayer por el Supremo, que rechaza una querella del autodenominado sindicato Manos Limpias.
Un tribunal de la Audiencia Nacional se vio ayer obligado a absolver al etarra Gregorio Vicario Setién del secuestro del industrial guipuzcoano José María Aldaia por falta de pruebas.
La guerrilla chií Hezbolá colocó el martes por la noche bombas trampa para impedir el acceso de la Legión a un depósito de armas cerca de la localidad libanesa de Kfar Chouba, al pie de los Altos del Golán, ocupados por Israel. A diferencia de los artefactos descubiertos hasta ahora, que databan de la guerra de 34 días que enfrentó a Israel y Hezbolá el pasado verano, estas bombas fueron colocadas contra las tropas españolas.
El Gobierno ha escuchado a los fiscales y ha decidido ampliar de seis meses a un año el plazo para que el ministerio público investigue asuntos de corrupción y de criminalidad organizada.
La fiscalía ha decidido abrir de oficio diligencias por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida.
