El Gobierno amplía a un año el plazo para que la fiscalía investigue casos de corrupción

El Gobierno ha escuchado a los fiscales y ha decidido ampliar de seis meses a un año el plazo para que el ministerio público investigue asuntos de corrupción y de criminalidad organizada. El proyecto de ley del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, aprobado ayer por el Ejecutivo, deja el mandato del fiscal general en cuatro años, en contra de las recomendaciones del Consejo Fiscal, pero establece causas tasadas para que abandone el cargo, entre ellas, el final del mandato del Gobierno que lo nombró. El máximo responsable de la fiscalía deberá comparecer ante el Congreso antes de asumir el cargo.

Desde la última reforma de la norma que regula el funcionamiento de la fiscalía, realizada durante el último Gobierno del PP y siendo ministro de Justicia José María Michavila, el plazo para investigar cualquier asunto antes de presentar una acusación o una denuncia se redujo a seis meses. La medida generó grandes críticas en el seno de la oposición, ocupada entonces por el PSOE, que llegó a calificar la disminución de ese plazo de "agresión contra el pacto de Estado por la justicia".

Ese reducido espacio de tiempo tampoco gustaba a los propios fiscales que consideraban excesivamente corto el plazo para investigar en los asuntos más complejos, como las tramas de terrorismo, narcotráfico, criminalidad organizada y corrupción. El propio Consejo Fiscal, integrado por el fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector y otros nueve fiscales de cualquier categoría elegidos por sus colegas, remitió esta semana un informe al Ejecutivo en el que subrayaba que ese plazo "deja prácticamente anulada" su capacidad para investigar ese tipo de delitos. "Esa supuesta meta de incrementar las garantías en las investigaciones", decía ese documento, ha tenido como consecuencia "entorpecer de manera grave, si no anular prácticamente cualquier capacidad investigadora del ministerio fiscal".

El Ejecutivo ha tomado nota y ha recogido la modificación propuesta por el máximo órgano colegiado de la fiscalía. Con el proyecto de Estatuto Orgánico del ministerio fiscal aprobado ayer, el plazo para investigar antes de la acusación se duplica. Las diligencias podrán extenderse hasta el año y, además, el fiscal general, mediante decreto motivado, podrá prorrogarlas si lo considera necesario.

En lo que el Gobierno no ha escuchado a los fiscales es en la duración del mandato del fiscal general. El Consejo Fiscal, con la intención de ampliar la independencia respecto del Gobierno del máximo responsable de la fiscalía y forzar un mayor consenso entre los partidos para su designación, proponía que su permanencia en el cargo superara la legislatura y durara cinco años sin posibilidad de revocación. El proyecto deja finalmente el mandato en cuatro años y hace coincidir su fin con el de la legislatura. No hay posibilidad de reelección, a no ser que el fiscal general hubiera permanecido en el puesto menos de dos años. En ese caso podrá ser propuesto por otros cuatro años.

El acento en la autonomía de la fiscalía y en la reducción de la discrecionalidad gubernamental sobre el Ministerio Público se busca con el establecimiento de cinco causas tasadas de revocación que pueden revisar los tribunales. Además de la salida del Gobierno que lo propuso, el fiscal general puede abandonar su cargo a petición propia, por incompatibilidad o prohibición establecidas en la ley, por incapacidad o enfermedad y por el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. La persona seleccionada por el Ejecutivo para el cargo deberá someterse antes de ser nombrado por el Rey a una comparecencia ante una comisión del Congreso.

Abstención en un proceso

En los procedimientos que afecten a miembros del Gobierno, el máximo responsable de los fiscales deberá escuchar necesariamente a la Junta de Fiscales de Sala (su principal órgano asesor en materia jurídica) antes de impartir instrucciones a sus subordinados. Ese mismo órgano será el que decidirá si el fiscal general del Estado incurre en alguna de las causas de abstención respecto a un proceso, en lugar del ministro de Justicia, que es quien resuelve ahora en esos casos.

Otra de las novedades es la adecuación de la fiscalía a las autonomías convirtiendo a los fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia en fiscales superiores y dotándolos de jerarquía sobre el resto de fiscales jefes de cada provincia en cada comunidad autónoma. También se ahonda en la especialización al dar cobertura legal a los fiscales de Sala delegados (de Violencia de Género, de Delitos Urbanísticos y de Medio Ambiente) que coordinan a los fiscales especializados en cada una de esas materias.