El Gobierno da por zanjada la polémica con Venezuela

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio ayer por zanjada la polémica mantenida desde el martes con las autoridades de Venezuela, por los acuerdos alcanzados en su nombre a favor de varios etarras residentes en dicho país, después de que el embajador venezolano en Madrid, Arévalo Méndez, le confirmara al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que su Gobierno desautoriza "íntegramente" tales acuerdos.

El caso "ha quedado suficiente y convenientemente aclarado", dijo De la Vega, tras el Consejo de Ministros. Preguntada si el Gobierno se plantea relevar al embajador en Caracas, Raúl Morodo, que se enteró el lunes por la prensa de unas negociaciones sobre un tema tan sensible concluidas en junio, la vicepresidenta recordó que las autoridades venezolanas han anunciado la destitución de la funcionaria que hizo la negociación y afirmó que con dicho cese "se han adoptado todas las decisiones".

El embajador Méndez confirmó ayer a Moratinos la destitución de la funcionaria que negoció las indemnizaciones de 330.000 euros a los etarras Víctor Galarza y Sebastián Echániz, porque su extradición en 2002 a España fue "ilegal". En el acuerdo se ofreció la nacionalidad venezolana a otros cuatro etarras, Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Ortega y Miguel Ángel Baldana, cuya extradición está pendiente.

Marino Alvarado, abogado de los etarras, afirmó que el acuerdo, homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 8 de noviembre, "nunca fue un secreto" y que, si el Gobierno venezolano lo incumple, elevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.