La fiscalía investiga otros dos 'pelotazos' urbanísticos en Murcia

El ministerio público analiza ya 24 denuncias de corrupción en la región

La fiscalía ha decidido abrir de oficio diligencias por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto, llamado Novo Carthago, fue presentado por el Gobierno de Murcia antes de la recalificación. Además, investigará la adjudicación de la ampliación del puerto de San Pedro del Pinatar, otorgada a dedo a un socio del alcalde del partido popular de San Javier, que es promotor inmobiliario. Con éstos, son 24 el número de diligencias abiertas por la fiscalía en Murcia por presunta corrupción urbanística.

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Murcia es un mar de grúas de la costa al interior: hay más de 200.000 viviendas proyectadas en una región de 1,3 millones de habitantes. Tanto ladrillo ha hecho que las denuncias por escándalos urbanísticos se acumulen en la fiscalía, que ya investiga 24 casos de supuesta corrupción: hay alcaldes constructores, denuncias por trato de favor, grandes recalificaciones de terreno protegido en las que un solo promotor gana 75 millones, entre otras.

Ahora, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, abre dos nuevos frentes, y asegura que lo hace a raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS y La Opinión de Murcia sobre la intención del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, del PP, de enviar a la fiscalía el expediente de Novo Carthago. La urbanización está promovida por la sociedad Hansa Urbana, de la que es accionista la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Fuentes de la fiscalía explicaron que lo más lógico era abrir diligencias, puesto que todos los partidos políticos estaban de acuerdo. El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido una comisión parlamentaria para investigar "las relaciones" entre Novo Carthago, en una superficie protegida Zona de Especial Protección ara las Aves y Lugar de Interés Comunitario y una serie de empresas vinculadas a la trama marbellí. Valcárcel ya paralizó una recalificación parecida, en Lo Poyo, por la presencia de estas empresas pero Novo Carthago siguió su trámite.

La portavoz socialista Teresa Rosique manifestó la satisfacción del PSOE ante la investigación del fiscal. Rosique señaló que Valcárcel "tendrá que explicar ahora ante el fiscal por qué se celebró en San Esteban [sede de la presidencia de Murcia] una reunión con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que veían serios inconvenientes a la aprobación de Novo Carthago". Según Rosique, en esta reunión "también estaban presentes altos cargos del Gobierno regional y el abogado de la empresa Hansa Urbana". La reunión fue confirmada por los responsables de Hansa Urbana a este diario, pero aseguran que en la misma no hubo presiones. El presidente Valcárcel negó en la Asamblea Regional la existencia de este encuentro.

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La portavoz socialista insistió en que la reunión se produjo en plena tramitación de la reclasificación del terreno, y dos meses antes de el Ejecutivo de Valcárcel cambiara los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental. Novo Carthago fue presentado públicamente por Valcárcel antes de que se iniciara la reclasificación.

El fiscal justifica también la decisión de investigar la concesión de las obras de ampliación del puerto deportivo de San Pedro, ya que el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, anunció que remitiría al fiscal la documentación del proyecto y que dimitiría si encontraba alguna irregularidad.

El PSOE denuncia que el consejero "adjudicó a dedo" la obra a Juan Gracia, propietario de la empresa Peinsa 97. Gracia es uno de los socios del alcalde de San Javier, el popular José Hernández, que también es constructor. Peinsa es una de las empresas que presentó el plan parcial en Pilar de la Horadada (Alicante), donde dos tránsfugas del PSOE han permitido una moción de censura contra el alcalde del PSOE.

El consejero de la Presidencia del Gobierno autónomo, Fernando de la Cierva, expresó ayer la satisfacción del Ejecutivo murciano por la decisión de la fiscalía, y destacó que las diligencias se abren tras las declaraciones de los altos cargo del Gobierno de Murcia.

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