Los promotores toledanos se sienten engañados por la Administración

La ciudad visigoda sigue creando polémica. Ahora son los empresarios de la Vega Baja toledana los que piden explicaciones. Se reunieron ayer, después de que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), cambiara de opinión el martes y anunciara la paralización del proyecto de 1.300 viviendas de titularidad pública previstas allí, donde emergían muros visigodos.

"¿Cómo íbamos a pensar que un proyecto público, promovido y autorizado por la Administración local y regional, iba a estar envenenado? Nos ocultaron los informes de 2001, que mostraban los restos arqueológicos, cuando compramos los terrenos. Dijeron que no había nada y que en seis meses podríamos construir. Y nos hicieron firmar un contrato oscuro e inconcreto", dijo Antonio Sánchez Horneros, presidente de la asociación de empresarios. "La decisión de Barreda es precipitada, por la presión mediática, e incalculada. Pedimos la rescisión de los contratos y la indemnización por las inversiones realizadas. Esperamos que controlen a los cooperativistas, que ya nos presionan seriamente". El alcalde de Toledo, José Manuel Molina (PP), ha puesto la pelota en el tejado de la junta: "Tendrán que preparar las indemnizaciones si quieren hacer un parque arqueológico en la zona". Y Barreda ha abogado por llegar a un acuerdo con todas las partes.