El Parlamento Europeo investiga las ventas de cítricos a pérdida de dos distribuidores alemanes
Cristóbal Aguado y Joan Brusca celebran la "sensibilidad" hacia los productores agrícolas
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo atendió ayer la denuncia formulada por AVA y La Unió contra las cadenas de supermercados alemanes Lidl y Albi por vender cítricos por debajo de su precio de coste y decidió recabar nuevos informes de otros tres órganos parlamentarios que serán cotejados en septiembre. Cristóbal Aguado y Joan Brusca, presidentes de AVA y La Unió, defendieron la causa ante la Comisión de Peticiones y celebraron la "sensibilidad" y "unanimidad" de los eurodiputados hacia las reivindicaciones de los productores agrícolas.
La Comisión de Peticiones revisa a lo largo de la jornada decenas de asuntos planteados tanto por instituciones como por particulares de toda la Unión Europea. Y suele resolver la audiencia a los denunciantes en sesiones de cinco a diez minutos. Pero Aguado y Brusca fueron protagonistas de un intenso debate entre los representantes de la Comisión Europea y un heterogéneo grupo de eurodiputados, por nacionalidad e ideología, que se prolongó por espacio de 45 minutos.
Los valencianos Joan Manuel García Margallo, del PP, Joan Calabuig, socialista, David Hammerstein, de Els Verds, y otros eurodiputados de distintas nacionalidades denunciaron la difícil situación de indefensión que afrontan los productores agrícolas ante la concentración de la demanda que ejercen los grandes distribuidores comerciales y exigieron una regulación europea de las ventas a pérdida.
AVA y La Unió plantearon una queja a la Comisión Europea el pasado diciembre ante una posible violación de las normas de competencia por parte de los supermercados alemanes Lidl y Albi, al vender cítricos valencianos por debajo de su precio de coste. "La venta a pérdida provoca una caída de precios en origen, por efecto dominó, con la consiguiente alarma social en las regiones productoras de dichos cultivos", denunciaron en su día las dos organizaciones de agricultores.
La queja derivó en una supuesta investigación que, cinco meses después, "no ha llegado a nada", según constató García Margallo a través de una pregunta parlamentaria.
Aguado y Brusca aportaron ayer ante la comisión de peticiones un extenso informe elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia que analiza la evolución de los precios de los productos agrícolas desde el campo hasta el escaparate.
El polaco Marcin Libicki, presidente del órgano parlamentario, decidió recabar tres nuevos informes en torno al caso a las comisiones de Mercado Interior, Agricultura y Asuntos Económicos que serán revisados de nuevo el próximo mes de septiembre.
El socialista Joan Calabuig destacó que los agricultores han logrado colocar su caso en "la agenda europea". El popular García Margallo, por su parte, es vicepresidente de la comisión de Asuntos Económicos.
![Joan Brusca y Cristóbal Aguado, en el centro, ayer, en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/EMKARUMM4VU5PMPEGTM366W4KM.jpg?auth=8aab7d18c30fdb926ebe67097089805fbfa143d2461f62d35a93279b9f139dd2&width=414)
La multiplicación de los precios
Los agricultores denuncian desde hace años la alarmante distancia entre los precios de los productos agrícolas que se cobran en el campo y las cantidades que leen las cajas de los supermercados en los códigos de barras que visten cualquier etiqueta.
Los precios de productos como la lechuga, por ejemplo, llegan a multiplicarse por mil, según reiteradas denuncias formuladas por las dos principales asociaciones de agricultores de la Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y La Unió.
Las asociaciones de consumidores se han sumado a las últimas denuncias sobre el alarmante salto de los precios de los productos agrícolas.
El nuevo monopolio que surge como resultado de la concentración de la demanda que ejercen los grandes distribuidores tiene especial incidencia en los productores agrícolas. Los agricultores deben aceptar condiciones muy severas, entre otras, pagos diferidos hasta 210 días, como es habitual entre proveedores de las grandes empresas de distribución, con el agravante de que manejan productos perecederos por definición cuyos precios se modifican día a día.
Las ventas a pérdida, por debajo de los precios de coste, por otro lado, es una práctica habitual de las grandes superficies comerciales. Las ofertas actúan como reclamo para atraer a los clientes que aprovechan la ocasión para llenar los carritos de la compra. Pero también afectan a los precios en origen, que bajan día a día.
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