La Comisión Europea propone reducir el número de traductores de español

La Comisión Europea tiene previsto anunciar el lunes una reestructuración de su servicio de traducciones que reduce en más del 25% el número de traductores de lengua española y lo convierte en un idioma simbólicamente equiparable al maltés, hablado por menos de 400.000 personas. Es el segundo intento este año de la Comisión de degradar al español, lengua que, según el director general de Traducción, sólo tienen como materna 30 millones de los 44 millones de residentes en España. "Una reducción del nivel actual de uso sería inaceptable para España", señaló ayer un portavoz oficial español.

Un documento sobre estrategia para la dirección general de traducción de la Comisión para 2006 establece que el número de páginas a traducir se reducirá de las previstas 2,2 millones a 1,7 millones como consecuencia de la política de dar prioridad a determinadas solicitudes y a la imposición de textos más cortos. Conocedores del servicio hacen notar también que hay menor producción de documentos que en el pasado "porque esta Comisión ha parado todo".

La caída en la demanda supone reajustes en los recursos humanos que convierten a la lengua española en la más perjudicada de las 20 comunitarias, al perder 25 de sus 92 actuales efectivos, seguida del griego, con 21, y del francés, con 19. Sin embargo, la lengua de Molière no cae tanto porcentualmente como la de Cervantes al contar ahora con 145 traductores. El servicio de traducción en español tendrá a partir del año que viene 67 efectivos. El maltés, la lengua menos hablada de las oficiales en la Unión, contabilizará 60. Las tres lenguas de procedimiento (lenguas de trabajo) conservan su posición de privilegio y serán atendidas por entre 122 (inglés) y 126 (francés y alemán).

La Comisión arguye que el número de traductores no depende del número de personas que habla una lengua y que las cifras de efectivos son parejas porque se traducen a todas las lenguas el mismo número de páginas. Los conocedores del sistema discrepan del argumento y señalan que, según eso, el inglés debería tener menos traductores toda vez que alrededor del 80% de los documentos comunitarios se producen originalmente en esa lengua.

En la futura reordenación, el Ejecutivo comunitario crea tres categorías de lenguas, con el mismo número de funcionarios en traducción para cada una de ellas. Salvo las pequeñas diferencias entre alemán, francés e inglés, las ocho lenguas habladas por los antiguos miembros (Dinamarca, Grecia, España, Finlandia, Grecia, Italia, Holanda, Portugal y Suecia) contarán con 67 traductores y las de los países que entraron en mayo de 2004, incluida Malta, serán servidas por 60.

Un reciente Eurobarómetro confirmaba al español como quinta lengua más hablada de la Unión, casi a la par que el italiano, sumando quienes la tienen como lengua materna y como primera lengua extranjera (los inmigrantes y los residentes de terceros países) y segundo idioma, tras el inglés, más practicado por los europeos (dos de cada tres decían hablarlo bien o muy bien).

Son datos ignorados por el director general de Traducción, Karl-Johan Lönnroth, quien en una conferencia dictada a primeros de año en Bulgaria presentó un gráfico donde colocaba al español como sexta lengua europea, por detrás del polaco, y le atribuía 30 millones de hablantes. Un portavoz de la Comisión explicó ayer que la cifra se obtuvo al deducir del total de habitantes de España, algo más de 42 millones en los datos manejados entonces por la Comisión, los consultados por el Eurobarómetro que dicen tener al catalán (9%), vascuence (1%), gallego (1%) y otras lenguas de la UE (2%) como lengua materna. Aun aceptando la discutible técnica eurocrática de recuento, la cifra debería reducirse en alrededor de 5,5 millones, lo que no cuadra con los 30 millones aireados por Lönnroth en Sofía.

La Embajada de España ante la UE se quedó ayer sorprendida por los planes de degradación del español en el día a día del Ejecutivo comunitario. Un portavoz sólo pudo anunciar que "si se confirma, una reducción del nivel actual de uso sería inaceptable para España", pero sin dar cuenta de las medidas a adoptar.