Justicia histórica y sensatez

Con la aprobación por el Senado, y antes por el Congreso, de la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos confiscados con motivo de la Guerra Civil y depositados en Salamanca se cierra un largo y abrupto contencioso. Ha sido, en efecto, un demasiado prolongado litigio que podría, y debería, haber encontrado una solución razonable hace un cuarto de siglo si los primeros gobiernos democráticos hubiesen tenido auténtica voluntad de cerrar cuanto antes las heridas dejadas por la Guerra Civil y la represión franquista.

Porque la naturaleza política de la cuestión no ofrece dudas. El historiador Paul Preston lo expresó claramente hace tan sólo unas semanas: "Tras la muerte de Franco y ante el reto de intentar reparar los desastres del franquismo, era evidente que ya no se podía devolver la vida a los fusilados, ni los muchos años pasados en las cárceles a los presos políticos, pero sí se podía devolver la documentación incautada por motivos políticos a sus legítimos propietarios". Realmente asombra que una cuestión tan justa y evidente, que debió acompañar a la ley de amnistía, no fuese asumida durante muchos años por ninguno de los gobiernos democráticos. Para responder a ¿por qué no se hizo entonces? deberíamos entrar en el debate sobre el proceso de la transición a la democracia, de sus logros y sus limitaciones, y de los muchos temas "olvidados". Porque la cuestión de la documentación incautada y depositada en Salamanca ha sido otra de las muchas "asignaturas pendientes" heredadas de ese polémico proceso.

Las demandas públicas catalanas de devolución de lo expoliado por las tropas franquistas datan de 1978 y desde entonces ha habido todo tipo de respuestas en este tan largo como lamentable asunto: buenas e inútiles palabras, silencios políticos, obstáculos administrativos, argumentos seudocientíficos, bloqueos, etcétera. Y las más variadas actuaciones: desde la mala fe de un máximo responsable del archivo que negó por escrito a sus superiores que la documentación de la Generalitat se encontrase en Salamanca, hasta la brutal imprudencia de quien incitó a sus conciudadanos a no dejarse arrebatar lo que era suyo "por derecho de conquista". Desde hipócritas declaraciones pretendiendo dar por "zanjada la cuestión" hasta presentar peligrosamente este asunto como un conflicto entre Castilla y Cataluña. Y nada más lejos de la realidad.

Hace casi un año una comisión de expertos nombrada por la actual ministra de Cultura dictaminó con claridad, por 14 votos a favor y 3 abstenciones, varios puntos: en primer lugar, que la incautación de la documentación había sido violenta y brutal, sin respetar siquiera la propia legislación franquista; segundo, que las reclamaciones catalanas no habían prescrito dado que se formularon desde el mismo momento en que existió en España un Estado de derecho, es decir, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Por ello los expertos consideramos que las razones que avalaban la devolución eran "justas y legítimas" y que eso también implicaba, lógicamente, dejar en el Archivo de Salamanca una copia digitalizada de los fondos devueltos.

Que finalmente se haya encontrado esta justa solución ha sido posible gracias a la conjunción de dos actitudes. Por una parte, a la tenacidad y persistencia de las reclamaciones catalanas. Y aquí hay que mencionar, en primer lugar, el papel destacadísimo jugado por la Comisión de la Dignidad, claro reflejo del gran dinamismo de la sociedad civil catalana. Y también gracias al gran interés del Gobierno tripartito catalán, que incluyó esta cuestión como una de sus prioridades programáticas del llamado Pacte del Tinell.

El segundo y decisivo factor que explica la devolución es la actitud comprensiva del Gobierno español, presidido por Rodríguez Zapatero. La aprobación y publicación de esta ley significa un paso más para la superación -no el olvido- de la Guerra Civil y de la represión franquista. Es una clara señal de concordia, de madurez democrática y de auténtica reconciliación. Se acaba así con una irregularidad jurídica flagrante en una sociedad democrática. Estamos ante un acto de justicia histórica y de sensatez, y también ante un auténtico ejercicio de pedagogía ética, de respeto y de voluntad de convivencia.

Borja de Riquer Permanyer es catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Cultura.