El Senado aprueba definitivamente la devolución de los 'papeles de Salamanca'

El fantasma de la Guerra Civil recorrió ayer el hemiciclo del Senado, donde se discutía la ley promovida por el Gobierno para la restitución de los papeles de Salamanca, los documentos incautados a la Generalitat catalana cuando las tropas del general Franco tomaron Cataluña. Tras un bronco debate entre el PP y todos los demás grupos, la votación fue menos ajustada de lo esperado y el texto se aprobó por 129 votos a favor y 114 en contra, todos ellos del PP. El líder de este partido en Cataluña, el senador Josep Piqué, no acudió al pleno. Los documentos serán devueltos en un plazo máximo de tres meses.

La aprobación de ayer en el Senado, sin una sola enmienda, del texto llegado del Congreso, supone el penúltimo escalón del largo proceso para la devolución de los papeles catalanes guardados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, una reclamación repetida por los distintos Gobiernos de la Generalitat prácticamente desde que se recuperó la democracia. El siguiente paso será la retirada real de los documentos del archivo, de los que ya hay copia digital, que se quedará en Salamanca. Tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Junta de Castilla y León, ambos del PP, han anunciado que se opondrán con todas sus fuerzas a esa retirada, y nadie sabe hasta dónde puede llegar el nivel de tensión, sobre todo después de que el alcalde, Julián Lanzarote, que hace meses colocó vallas en torno al archivo, haya calificado de "nazi" la ley y haya prometido una "batalla legal documento a documento".

El debate de ayer en el Senado dejó claro que éste es un asunto que revuelve los sentimientos a uno y otro lado del hemiciclo. Mientras el PSOE insistía en que con esto se pretende "cerrar heridas de la guerra", el PP contestó que, para ellos, lo que hace precisamente esta decisión es "reabrirlas". La ministra de Cultura, Carmen Calvo, máxima responsable de una decisión pactada con los socios catalanes del Gobierno, podía haber intervenido en cualquier momento, pero ni siquiera acudió al pleno.

Uno tras otro, todos los portavoces de los grupos, especialmente los nacionalistas, subieron a la tribuna para recordar el horror de la Guerra Civil. Muchos de ellos apelaron a algún drama familiar en las generaciones anteriores. El senador Juan Van Halen, visiblemente enfadado por las constantes referencias a la represión franquista, explotó en su segunda intervención: "Se habla mucho de golpismo y pienso que hay que condenarlo en toda su intensidad. Pero salir en el año 1934 a dos balcones, uno enfrente de otro, de la plaza de San Jaime [Barcelona] a proclamar el Estat Català y enviar una nota conminatoria al capitán general para que se entregue, a mí me parece golpismo, aunque a lo mejor a ustedes no. Yo condeno todos los golpismos y no sólo algunos. Yo tenía familia en Barcelona, y la sigo teniendo, pero algunos se quedaron por el camino. No vamos a desenterrar historias desagradables porque en la generación anterior de todas nuestras familias hubo enfrentamientos".

Respondía así al senador Miquel Bofill, de Entesa Catalana de Progrés, quien había recordado que sólo están pidiendo recuperar "lo poco que queda de lo que fue arrebatado a punta de pistola", y a Rosa Aleixandre, de CiU, quien se quejó de que el PP, en vez de defender a España, "enfrenta a unos territorios contra otros". "Tenemos que superar odios y venganzas, el cuerpo de este país tiene demasiadas cicatrices", insistió la senadora. También la socialista María José Navarro reprochó al PP que esté "agitando las pasiones colectivas" en un asunto que sólo pretende "reparar agravios y cerrar heridas".

El portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Cuenca, y el del PNV, Francisco Javier Maqueda, aseguraron que esta devolución de documentos expoliados por el franquismo debería hacerse extensiva a otras comunidades, como el País Vasco o la Comunidad Valenciana, e incluso a partidos y sindicatos.

Mientras, en Salamanca, Fernando Rodríguez, portavoz del PP en el Ayuntamiento, calificó la aprobación en el Senado como "el mayor atropello cultural en la historia democrática". "Hoy es un día triste para Salamanca, pero lo es sobre todo para España: es un día triste para España porque se va a consumar el desmantelamiento de una parte de la memoria colectiva para servírselo en bandeja a los que no creen en España", se quejó, informa Ignacio Francia.