Un conflicto resuelto después de 27 años

La votación de ayer concluye, al menos desde el punto de vista legal, un lento proceso de más de 27 años de negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno central. En alguna ocasión, fruto de los pactos con los nacionalistas catalanes de CiU, éste llegó a firmar la promesa de devolución sin que nunca se cumpliera. Al final ha sido el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) quien ha logrado cerrar el acuerdo. La consejera catalana de Cultura, Caterina Mieras, señaló ayer en el Senado que tanto la devolución como la creación, contemplada en la ley, de un Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca "refuerza el Estado de derecho y la democracia".

Los documentos reclamados, que ocupan 507 cajas, fueron incautados por las tropas franquistas a la Generalitat y otras instituciones para depositarlos en Salamanca, en un organismo llamado Delegación Central para la Recuperación de Documentos, con un objetivo claro: servir de base para las investigaciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el órgano principal de represión de la dictadura. Los textos legales pasaron con la democracia a depender del Ministerio de Cultura y finalmente, en 1999, se creó en Salamanca el Archivo General de la Guerra Civil.

La primera promesa llegó en 1995, cuando el Gobierno socialista firmó con CiU la devolución. La polémica provocada en Castilla y León frenó la iniciativa. El PP también negoció con sus socios de CiU entre 1996 y 2000, pero en 2002, ya con mayoría absoluta, la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, rechazó el traslado.

En mayo de 2004, el pleno del Congreso aprobó la negociación, y el 23 de diciembre de ese año un comité de expertos integrado por juristas, historiadores y archiveros se pronunció a favor de devolver los documentos.