Kirchner destituye al jefe de la Gendarmería, vinculado a la guerra sucia

El Gobierno argentino de Néstor Kirchner anunció ayer la destitución del jefe de la Gendarmería Nacional, Pedro Agustín Pasteris, por su presunta implicación en la desaparición de varias personas durante la dictadura militar (1976-1983). Pasteris está acusado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos de estar relacionado al menos con nueve casos de secuestro mientras trabajaba en la frontera de Brasil y Argentina entre 1980 y 1983.

Los secuestros se encuentran incluidos en dos sumarios judiciales, uno sobre un centro de torturas clandestino y otro sobre la desaparición de guerrilleros montoneros. "Una persona a la que se le imputan delitos tan graves no puede estar al mando", destacó ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, al anunciar la destitución del responsable del cuerpo encargado de visitar las fronteras.

Fernández aseguró que antes de nombrar en 2004 a Pasteris comandante de la Gendarmería, el Ejecutivo había consultado a diversos organismos proderechos humanos sobre sus antecedentes, pero estas organizaciones no se expresaron en contra. El comandante destituido llegó al cargo tras una remodelación de la cúpula de la Gendarmería impulsada por el presidente, Néstor Kirchner, quien ordenó el pase a la reserva de 12 de los 16 comandantes de la fuerza. Fernández calificó de "irreprochable" la actuación de Pasteris al frente del cuerpo.

Pasteris era suboficial en el llamado Paso de los Libres. Allí, durante la dictadura, eran llevados todos los días prisioneros -muchos desaparecidos más tarde- para que tras unos cristales observaran a los viajeros que cruzaban la frontera. Los detenidos debían señalar a los que conocían, quienes más tarde eran interceptados y pasaban a engrosar las listas de desaparecidos. Los presos no podían recurrir a la estrategia de decir que no reconocían a ninguno de los viajeros, ya que si pasado un cierto tiempo no habían identificado a nadie, eran asesinados y reemplazados por otros detenidos. A este sistema para detectar montoneros que trataban de entrar en Argentina se le denominó Operación Murciélago.

Problemas para Balza

El escándalo ha surgido como resultado de un proceso judicial reactivado tras la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en el que se investiga un centro de torturas y desapariciones cercano a la frontera denominado La Polaca, en la provincia de Corrientes, al noreste del país, un caso que salpica al ex comandante general del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, quien envió hace semanas un pliego de descargos al juez que lleva la causa.

Ayer, en declaraciones a una emisora, Balza insistió en que no tiene nada que ver con la represión de la dictadura, aunque entre 1979 y 1982 fuera el comandante de un grupo de artillería estacionado en la zona. "Jamás recibí una orden ilegal. La hubiera rechazado. He colaborado con la justicia y lo seguiré haciendo", destacó el ex militar, quien agregó que no le constaba que se secuestrara a personas en su zona.