La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación: “Es inevitable pensar en una decisión caprichosa”

La defensa de Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa y asistente de la esposa del presidente, ha presentado un recurso contra su imputación en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El documento, notificado este lunes, se fundamenta en la contradicción del magistrado, que imputó a Álvarez 19 días después de haber firmado una providencia en la que rechazaba la solicitud de las acusaciones populares para cambiar su estado procesal de testigo a investigada. “Establece el artículo 161 Ley de Enjuiciamiento Criminal que ‘los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas’. Ignorando dicho precepto, la resolución recurrida vulnera, de facto, la intangibilidad de la motivada Providencia”, argumenta la defensa en su escrito. Álvarez está citada a declarar como investigada este 28 de febrero.

El juzgado número 41 de Madrid investiga a la esposa de Pedro Sánchez por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En el marco de las indagaciones, Peinado citó a Álvarez para declarar como testigo, después de que diversas informaciones periodísticas asegurasen que esta dedicaba parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente. La asesora de La Moncloa declaró el 20 de diciembre que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de Gómez y destacó que solo le hizo favores en sus proyectos académicos por su relación de amistad.

Las acusaciones populares pidieron que Peinado imputase a Álvarez por los supuestos delitos de malversación de caudales y de tráfico de influencias, pero el magistrado notificó en una providencia el 9 de enero que, tanto del testimonio de la asesora como lo conocido hasta ese momento no se podía extraer indicios para imputarle, ni siquiera para atribuirle el papel de “cooperadora necesaria”. Pese a ello, 19 días después, notificó en un auto fechado el 28 de enero que cambiaba el estado procesal de Álvarez de testigo a investigada. Lo razonaba en varias líneas: “De las diligencias hasta ahora practicadas, en conjugación con la declaración testifical de Doña Cristina Álvarez, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”.

El recurso señala que el auto no aclara cuáles son “las diligencias hasta ahora practicadas” que el magistrado esgrime ahora para citar a Álvarez como investigada. “Con los debidos respetos, de la lectura de la resolución recurrida es inevitable pensar en una decisión caprichosa”, dice la defensa. De hecho, esta arremete contra Peinado y afirma que desconoce los hechos delictivos “porque ni siquiera se describen”.

Sobre “la declaración testifical” en la que también se apoya el juez, la defensa señala tres cuestiones. La primera es el cambio de criterio de Peinado sobre la declaración de Álvarez, en la que ahora sustenta su imputación y antes no veía indicios delictivos: “No se entiende que el juzgado cambie ahora de criterio con apoyo en una declaración que ya se tuvo en cuenta”.

La segunda es que la testifical “no fue autoincriminatoria, ni aportó ningún dato que pueda sustentar su imputación”. Y la tercera señala que la jurisprudencia prohíbe valorar una declaración de un testigo en su perjuicio. Dice así: “Lo que no puede hacerse es tender una trampa a una justiciable, citarle como testigo, sin asistencia letrada, con obligación de declarar y con apercibimiento de falso testimonio, para después utilizar el contenido de su declaración testifical como indicio contra ella. La jurisprudencia es contundente y prohíbe valorar el contenido pretendidamente incriminatorio de una declaración testifical en contra del propio testigo”.

La defensa de Álvarez también ha presentado un segundo recurso contra algunas diligencias solicitadas por Peinado el 9 de enero. Entre ellas, la designación de de la resolución como providencia. Según su criterio “debía ser revestida de forma de auto”. “La providencia misma no tuvo por objeto la mera ‘ordenación material del procedimiento’, sino decidir sobre una cuestión que, sin lugar a dudas, afecta de manera directa al derecho fundamental de mi patrocinada a la intimidad y al secreto de las comunicaciones”, dice el documento presentado. Del mismo modo, ha recurrido el requerimiento del magistrado a la UCO de la Guardia Civil para que elabore un informe sobre el registro de llamadas de Álvarez a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense, al empresario Carlos Barrabés, al Instituto de Empresa, Fundación La Caixa, Telefónica y otras empresas vinculadas con la cátedra de Gómez.

El Gobierno confirma las tareas de Álvarez

Presidencia del Gobierno ha confirmado este lunes que Álvarez fue contratada para desempeñar labores “de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo” de Gómez. Así consta en la documentación remitida el 6 de febrero por la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Gómez por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La declaración de Álvarez ante Peinado en diciembre coincide con la documentación entregada ahora por Presidencia. “Tales tareas comprenden, entre todas las que se pueden incluir en el ámbito de tareas de confianza, las siguientes: la gestión de la agenda y la preparación de la presencia de reuniones, visitas y/o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, de seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda”.

La información que ha recibido el juzgado número 41 de Madrid, donde se instruye la causa, incorpora varios anexos con la propuesta de contratación de Álvarez (de julio de 2018), el acuerdo de nombramiento para el puesto de Directora de Programas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (firmado por el vicesecretario de la Presidencia del Gobierno), un certificado de las tareas que desempeña y la retribución anual que ha percibido desde entonces. El sueldo bruto ha variado ligeramente, desde los 34.281 euros en 2019 a 36.924 el año pasado.

El nombramiento de Álvarez añade Presidencia, “se realizó, como el de todo el personal eventual, por el titular de la Subsecretaría correspondiente, a iniciativa y propuesta de la Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las necesidades de personal manifestadas por sus órganos y directivos”. El puesto es de “eventual E, nivel 26″ y “el desempeño de sus tareas se realiza en el Palacio de la Moncloa”.