Un juez avala el despido de un exdirectivo de LifeWatch que le dijo a una trabajadora que le diera “un beso o un abracito”

“En estado eufórico por el resultado de un Congreso o de las relaciones trabadas, le propuso a la empleada déjame que te dé un beso o un abracito al menos (…) En un desplazamiento en vehículo de la empresa le planteó una conversación sobre tener hijos, le dijo que a él a su edad se le pone muy dura y le propuso si quiere comprobarlo (…) Afirmaba públicamente en la oficina que una trabajadora le había pedido que le inseminara, para que su hijo tenga altas capacidades como yo”.

El juez Carlos Javier Galán, titular del Juzgado de lo Social 14 de Sevilla, ha ratificado el acoso sexual que perpetró sobre una subordinada el ex número dos y director técnico del organismo europeo de investigación LifeWatch Eric, Juan Miguel González, en su reciente sentencia que declara procedente el despido del ex alto directivo. El magistrado aclara el hostigamiento hacia su trabajadora, pero también relata el ambiente laboral tóxico generado por el ex alto cargo cuando dirigía un equipo de 47 científicos en la capital andaluza, hasta que fue despedido en 2023 tras una investigación interna de la corporación europea. González trabaja ahora en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, donde tiene plaza como funcionario.

El juez censura el comportamiento del exdirectivo, que incluyó “un amplio elenco de conductas sexistas inaceptables en cualquier trabajo”, con “insinuaciones sexuales, comentarios obscenos y proposiciones o intentos de contactos físicos no deseados”. De las 18 personas que testificaron en el juicio por el despido de González, “la gran mayoría ratificaron las conductas del demandante [González]. De algunas de ellas existen, además, pruebas documentales”, zanja la sentencia.

González fue director técnico de LifeWatch Eric desde 2018 hasta 2023 con un salario anual de 95.000 euros brutos. Antes, en 2010, una científica de la Estación Biológica de Doñana, centro de investigación del CSIC, denunció al directivo en los tribunales por acoso laboral, pero se desestimó la demanda por falta de testimonios en su contra. González era vicedirector técnico del centro público y a pesar de las denuncias internas de sus propios compañeros directivos y de que se sentó en el banquillo de los acusados, el CSIC no adoptó medidas contra él.

Durante años, los ingenieros, biólogos y matemáticos de la infraestructura de investigación internacional LifeWatch Eric soportaron una nefasta gestión con continuos gritos y muestras de desprecio profesional. González se inventó que había padecido un cáncer terminal y que se había curado, según los testimonios coincidentes de los científicos. Ahora el magistrado Galán ha compilado los duros testimonios de empleados y de la trabajadora acosada para justificar como procedente el despido del organismo europeo tras cinco años como su número dos.

El acoso a su subordinada fue reiterado: “En un paseo con ella de madrugada, que él mismo pidió o provocó, planteó una conversación de contenido sexual, con alusiones a los sexshops de la zona”, destaca el fallo. El magistrado, que recuerda que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores al respeto a su intimidad y a la protección frente al acoso sexual, censura con tono grave las conductas “claramente degradantes u ofensivas” en una relación jerárquica entre jefe y subordinada: “Al margen incluso de que detrás de los mismos haya o no una intención libidinosa, son comportamientos indudablemente inapropiados, desde un elemental respeto a la dignidad de la trabajadora, y ofrecen un amplio elenco de conductas sexistas inaceptables en cualquier trabajo”.

González ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). “Se han publicado infamias y mentiras… no sé quién está detrás de esta publicación. Tengo órdenes de mi abogado para no hablar”, alega el exdirectivo. Su letrado, Carlos García Quiles, detalla: “Si es un delito lo de Rubiales, imagínate esto. El listón para considerar un acoso sexual está muy bajo. Él lo niega todo, que es un poco disparatado. No estamos de acuerdo con los hechos probados ni con la fundamentación jurídica de la sentencia. Intentaremos que prevalezca la otra versión”.

España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Eslovenia y Portugal forman parte de LifeWatch Eric. Sevilla ostenta la sede principal en la Isla de la Cartuja, junto a Ámsterdam y Lecce (Italia).

Una trabajadora del organismo europeo de investigación recuerda sobre la gestión de González bajo anonimato: “Trataba fatal a los compañeros, cualquiera lo veía. No tenía pudor en tratar mal a la gente”. La sentencia también se explaya en el maltrato a sus subordinados, a los que González advertía de tener “sus espías que le informaban de todo”. El magistrado le reprocha su “innecesaria humillación y menosprecio públicos ante sus compañeros, el tono verbalmente agresivo que se describe por los testigos y las expresiones descalificatorias utilizadas (,..) gritos, agresividad, reprensión en público y descalificación profesional”.

La sentencia abunda en un episodio de desprecio profesional con un empleado: “En otra ocasión le manifestó que no tenía ni la capacidad ni el intelecto de un teleco y afirmó que si uno quiere un trabajo debe pedírselo a un ingeniero, además de advertirle que a toda el área de gestión va a echarla a la calle. Contestó al correo poniendo en copia a toda la oficina, haciéndoles así partícipes del mensaje anterior y de su respuesta”.

Por último, LifeWatch Eric acusó a González de haber contratado de manera irregular a su propia esposa, a un primo, a una amiga de su mujer y a la vicealcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), pero el juez rebate que el organismo no tenía clara la política de contratación de empleados y, por tanto, esta no fue vulnerada. El magistrado concede al exdirectivo una indemnización de 3.643 euros por vacaciones no disfrutadas y concluye que su despido en mayo de 2023 fue procedente por su conducta “grave y culpable”, que no respetó el derecho a la desconexión digital de sus subordinados y les infligió un trato “humillante y vejatorio” y tuvo un comportamiento de acoso sexual. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha señalado que respeta las decisiones judiciales y que la sentencia “se circunscribe exclusivamente al ámbito de la jurisdicción social y, por tanto, no tiene trascendencia penal ni disciplinaria en el ámbito administrativo”.