El juez Peinado cita como imputada a la asesora en La Moncloa de Begoña Gómez

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga por su trabajo docente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suma un nuevo investigado a la causa. En un auto fechado el pasado viernes y conocido este martes, el magistrado acuerda imputar a Cristina Álvarez Fernández, asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La decisión del juez Peinado se produce después de que Álvarez declarase como testigo ―y, por tanto, obligada a decir verdad y sin el acompañamiento de un abogado― el pasado 20 de diciembre.

Entonces, la asesora aseguró que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del presidente y que solo realizó favores a Gómez en sus proyectos personales por su relación de amistad. En concreto, buscarle alumnos para el máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. Álvarez añadió que esa era el motivo por el que otras personas que trabajaban creía que trabajaba con la esposa de Sánchez en la cátedra y la incluían como destinataria en las cadenas de correos electrónicos. La asesora recalcó entonces que estos mensajes no los leía y que los borraba.

El magistrado justifica ahora su decisión de imputarla en un solo párrafo en el que hace referencia, precisamente, a esta declaración y a otras diligencias practicadas sin más concreción como suficientes para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”. La asesora tendrá que comparecer el próximo 28 de febrero a las 9.30. Es la cuarta vez que el juez Peinado acuerda la imputación de una persona que antes ha declarado como testigo en la causa. Ya lo hizo con el empresario Carlos Barrabés, con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y con Juan José Güemes, directivo de Instituto de Empresa (IE) y exconsejero autonómico del PP en Madrid.

Como primera diligencia tras la imputación de la asesora de Gómez, el magistrado ha dictado otro auto en el que pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un amplio análisis sobre el tráfico de llamadas desde el número de móvil que Álvarez aseguro que era el suyo personal o “desde cualquier otro teléfono que tuviera asignado profesionalmente por su contratación por Presidencia del Gobierno” como asesora de La Moncloa en julio de 2018, al poco de llegar Sánchez al poder, hasta la actualidad.

El juez pide, en concreto, conocer las comunicaciones que tuvo con números de teléfono de la Universidad Complutense, de Barrabés o su grupo de empresas, del Instituto de Empresa ―en el que es directivo Güemes―, del África Center, de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y de varias empresas que colaboraron con la cátedra como Indra Sistemas, Google España, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa y Reale “o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en las que participó” la esposa del presidente.

En paralelo, el magistrado ha acordado la citación de cinco nuevos testigos, todos ellos relacionados con algunas de estas empresas y organismo, para el próximo 26 de febrero, dos días antes de la declaración de la asesora de Gómez. Se trata, en concreto, de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la Universidad Complutense de Madrid; Blanca María de Juan de Castro, coordinadora del máster que impartía Gómez; y las personas que ocupen el cargo de consejero delegado de Google España, Indra y Telefónica, las empresas que fabricaron y financiaron un software —en el que se invirtieron más de 200.000 euros— creado por la Universidad Complutense durante el desarrollo de la cátedra codirigida como Gómez y que se pretendía poner a disposición de pequeñas y medianas empresas de manera gratuita.

Con esta nueva batería de diligencias, el juez Peinado pretende ahondar en la parte de la causa en la que se investigan, precisamente, supuestas irregularidades sobre la propiedad de este software y que le llevó a añadir a los dos delitos por los que inicialmente investigaba a la esposa del presidente ―tráfico de influencias y corrupción en los negocios―, otros dos: apropiación indebida e intrusismo. Esta línea de investigación la abrió después de que el grupo ultracatólico Hazte Oír, personada en la causa como acusación popular, presentase una querella en el que acusaba a la mujer del presidente de apropiarse indebidamente del software. Si bien la denuncia inicialmente recayó en otro juzgado, en septiembre pasado la Audiencia Provincial de Madrid acordó que se incorporara al sumario que instruye el juez Peinado. Las diligencias acordadas ahora por el magistrado, incluida la imputación de Álvarez, habían sido pedidas por Hazte Oír.

La Universidad Complutense investigó por su cuenta si Gómez registró a su nombre este software y preguntó al registro de la propiedad intelectual, quien le indicó que no había nada registrado con ese nombre, el de la mujer del presidente del Gobierno o con el nombre de la cátedra que codirigía. Todo ello lo plasmó en un informe que envió al magistrado el pasado julio.