La mayoría de la población apoya medidas que la derecha considera “intervencionistas” para atajar el problema de la vivienda

La encuesta monográfica sobre vivienda del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER evidencia que es uno de los asuntos que más inquieta a la ciudadanía. Supone el tercer problema, por detrás de “la inflación y el coste de la vida” y de “la situación económica general del país” y preocupa de manera transversal a todos los electorados, algo que no ocurre con otros de los problemas citados, como “la inmigración”, que inquieta 37,7 puntos porcentuales más a los votantes de Vox que a los del PSOE, o el “cambio climático”, donde el temor que genera es casi 22 puntos y medio más alto en el electorado socialista que en el del partido de extrema derecha.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre el 24 y el 27 del pasado enero, antes de que se conociera que el año arrancó con un repunte de la inflación (3%) por los precios de la energía, y de que el INE publicase los datos de crecimiento de la economía española: un 3,2% en 2024, muy superior al promedio europeo, que ni siquiera llega al 1% anual a causa de la debilidad de Alemania y Francia. El paro ha caído por debajo del 11% por primera vez en 16 años tras crearse 468.100 nuevos empleos en 2024, pero el aumento de población trabajadora frente a la escasez de inmuebles también influye en el complicado mercado de la vivienda. Un tercio de los hogares españoles que viven de alquiler dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Los que dedican menos del 25% apenas son un 35%, por debajo de la media de la UE (48%) y lejos de países como Suecia (49%) o Alemania (56%).

El coste de la vivienda preocupa especialmente a los más jóvenes, la generación Z (18 a 27 años), que arroja un porcentaje de inquietud por el problema 8,3 puntos porcentuales por encima de la media de la población general. El informe Un problema como una casa, publicado recientemente por el Consejo de la Juventud de España (CJE), revela que un 45,7% de las personas entre 18 y 30 años han pasado por entre dos y cuatro viviendas desde que salieron de su hogar de origen y un 87% viven acompañados. Según la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, un 62,6% de los jóvenes de la generación Z y hasta un 20% de los mileniales (28 a 44 años) viven en casa de sus padres o suegros. Cuatro de cada 10 personas que no poseen una vivienda creen que nunca podrán comprar una.

Preguntados por las posibles soluciones, casi la mitad de los españoles opina que habría que limitar la propiedad inmobiliaria a solo una o dos casas y un 30,5% cree que no debería haber ningún máximo. Estos porcentajes varían considerablemente según la intención de voto. Así, la mayoría de los votantes de izquierdas limitarían la propiedad inmobiliaria a una o dos viviendas, mientras que entre los electorados conservadores gana la opción de no establecer un límite.

El grupo mayoritario también es el que apoya algunas medidas que la derecha considera “intervencionistas” y aunque la valoración positiva de ese tipo de iniciativas crece en el electorado de izquierdas, también en el conservador aprueban muchas de ellas.

Entre la población general, casi un 81% está “muy o bastante de acuerdo” en que se refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales; un 78,5% es partidario de “flexibilizar las condiciones para acceder a viviendas de protección oficial en propiedad”; un 75,2%, de “ofrecer seguros de impago y asistencia jurídica a propietarios que alquilen sus viviendas vacías”; el 70,1% está a favor de “penalizar fiscalmente a caseros con precios del alquiler abusivos”; el 68,7%, de “dar incentivos fiscales a propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles”; casi un 67% no permitiría los pisos turísticos en edificios residenciales; un 61,4% cree que habría que “impedir la compra de vivienda con fines especulativos”; un 55,6% apoya que el sector público tenga prioridad en la compra de viviendas y solares, y un 50,2% opina que habría que “limitar la conversión en viviendas de locales situados en bajos comerciales”. La subida de los impuestos de sucesión a la herencia de patrimonio inmobiliario sí genera rechazo: solo un 21% se muestra muy o bastante de acuerdo. Esta última es la única medida de todas las citadas que desaprueban los votantes del PP.

El PP acaba de registrar en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una proposición de ley para derogar “las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler, como las zonas de mercado tensionado, los índices de precios de los alquileres, el control de los precios y las de tolerancia a la inquiocupación”. Esa supuesta tolerancia ante la “inquiocupacíon” fue uno de los motivos que alegaron en el PP para votar el pasado 22 de enero en contra, junto a Junts y Vox, del decreto ómnibus del Gobierno, que extendía la suspensión de los desahucios para las familias “en situaciones de vulnerabilidad” que no dispusieran de una alternativa habitacional y compensando económicamente a sus caseros. Esta medida se mantiene en el nuevo decreto que ahora sí apoyarán los populares, al igual que Junts, con la introducción de “un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos”, como avanzó Pedro Sánchez. La encuesta de 40dB. refleja que el discurso del miedo a la ocupación ha calado en la sociedad: hasta un 18% cree que prácticamente nadie está a salvo de que ocupen su vivienda y la ciudadanía opina, de media, que esto afecta a un 51,3% de la población. La realidad, sin embargo, está lejos de esas cifras. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron un total de 15.289 hechos de este tipo en toda España, entre usurpaciones de inmueble y allanamientos de morada.

Conscientes de esa preocupación en sus electorados, Gobierno y partidos políticos han lanzado una catarata de propuestas para atajar el complejo problema de la vivienda, que afecta a competencias autonómicas y municipales, y que la ley aprobada en mayo 2023 no ha logrado resolver. El PP, por un lado, y el PSOE y el PNV, por otro, han registrado en las cámaras distintas iniciativas, pese a que coinciden en algunos aspectos, como la necesidad de ampliar el suelo disponible o agilizar los trámites burocráticos.

Las principales discrepancias vienen de la declaración de zonas tensionadas, que permite a un ayuntamiento tomar medidas para contener el coste de los alquileres, y el tope de precios, que los populares quieren eliminar. El alquiler de vivienda es más caro que la hipoteca en el 94% de los municipios más poblados, según un análisis publicado el martes por la sociedad de tasación UVE Valoraciones, que compara los precios en los territorios con más de 100.000 habitantes. En la llamada Declaración de Asturias, donde los populares expusieron su plan en materia de vivienda, uno de los apartados promete acabar con lo que llaman “persecución” a “los propietarios que alquilan sus viviendas, los rentistas”.

Preguntados por qué partido creen que está más capacitado para afrontar el problema de la vivienda en España, el 20,1% de la población general responde que PSOE, seguido del PP (18%), Vox (14,1%), Sumar (6,3%) y Podemos (4%), aunque la opción mayoritaria señalada por los encuestados es “ninguno” (23,8%).