El PP justifica el voto contra el decreto ómnibus por la paralización de desahucios, que apoyó a regañadientes en 2023

La batalla de los partidos por controlar el relato de la vivienda también ha llegado al decreto ómnibus. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado este viernes la negativa de su partido a las disposiciones antidesahucio que contenía el texto, pese a que en una ocasión anterior su formación votó a favor de las mismas y lo justificó diciendo que no quería poner en riesgo “algunas medidas positivas”. En esta ocasión el PP reivindica que ha evitado que el Gobierno “prorrogara una norma que impide a los propietarios recuperar su casa”. El jefe de la oposición lo ha dicho en Barcelona, donde acudía a presentar varias iniciativas en materia de vivienda, como la creación de un seguro público de impagos al alquiler o avales a los jóvenes para pagar la fianza, y ha acusado al Ejecutivo de dar alas a la “inquiokupación”.

En realidad, no es un argumento nuevo en la oposición. El mismo miércoles, en la tribuna del Congreso, el portavoz de Vox, José María Figaredo, ya dijo que el decreto blindaría a los “inquiokupas”. Este término es un neologismo que ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente en determinados ámbitos políticos, mediáticos y empresariales, para referirse a inquilinos que, habiendo dejado de pagar el alquiler, se quedan viviendo en la casa que tenían alquilada.

Su conexión con el decreto que el Congreso rechazó el miércoles viene de la parte en que ese texto prorrogaba las medidas del denominado escudo social en materia de vivienda. Entre las disposiciones de ese texto, que el Gobierno puso en marcha en los primeros meses de pandemia y ha ido alargando con modificaciones desde entonces, hay algunas referidas a los desahucios. En concreto, ante situaciones de impago de un inquilino se le permite seguir en la vivienda si queda acreditada su situación de vulnerabilidad y la imposibilidad de encontrar otro lugar donde vivir. En esos casos, el casero tiene derecho a pedir una compensación que pagaría la comunidad autónoma.

Ambas cosas, el mecanismo de compensación que habilitó el Gobierno y la protección a hogares vulnerables, se prorrogaban un año más con el decreto. Así como otras situaciones, que en su día generaron mucho ruido en el sector inmobiliario y en la política, referidas a ocupaciones en precario (es decir, personas que no tienen ningún título habilitante para residir en la vivienda) e incluso a procedimientos que siguieran la vía penal. Estos casos, eso sí, solo en relación con situaciones de hogares extremadamente vulnerables con casos de violencia de género, menores o personas con discapacidad al cargo. Y nunca en casos en que se esté ocupando la residencia (habitual o secundaria) de otra persona, ya que eso es un caso de allanamiento.

En todos los desahucios, además, la decisión final depende de un juez, que debe ponderar también la posible situación de vulnerabilidad en que se encuentre o podría quedar el casero. Muchos magistrados han seguido dando la razón a los propietarios en supuestos teóricamente amparados por el escudo social. Y, de hecho, el pasado octubre el Tribunal Constitucional recordó la obligación legal de dar máxima protección a inquilinos vulnerables a raíz de un caso en el que el juzgado de primera instancia no había suspendido el desahucio de una familia que cumplía los requisitos de vulnerabilidad.

Voto favorable

Ninguna de las medidas son nuevas ni desconocidas para el PP. De hecho, justo después de que el partido se convirtiera en la fuerza más votada en las elecciones de julio de 2023, el Congreso se vio en la tesitura de decidir si prorrogaba esta parte del escudo social. Fue con otro decreto ómnibus que mezclaba numerosos asuntos. Y se votó en diputación permanente, puesto que la Cámara todavía no estaba constituida. En el discurso para fijar posición, el diputado popular Jaime de Olano criticó el “totum revolutum” legislativo que llevaba el Ejecutivo en funciones. Pero justificó el sí que luego daría su partido: “El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor porque no queremos poner en riesgo algunas medidas positivas”, dijo en alusión a la rebaja del IVA a los alimentos o iniciativas de apoyo “a sectores concretos como la agricultura, la pesca y el transporte”. En su alocución no hizo mención a la vivienda, ni a las mismas medidas antidesahucios que en otras ocasiones, antes y después de aquello, el PP ha rechazado.

Con la no convalidación del decreto ómnibus, las medidas antidesahucios del escudo social decaen, al menos temporalmente. Pero eso no significa que se vuelva a la situación anterior a la aprobación de estas medidas. La diferencia es que, entre tanto, en mayo de 2023 se aprobó la ley estatal de vivienda. Esta reguló los procedimiento de desahucio con un espíritu similar de protección a la vulnerabilidad, aunque en menos supuestos, ya que no modificaba los de la vía penal. El PSOE en su día consideraba que ello hacía innecesario prorrogar las medidas antidesahucios heredadas de la pandemia. Pero sus socios, insatisfechos en este punto con la ley de vivienda porque pensaban que se quedaba corta en su protección, exigieron mantener las medidas. Desde entonces ha logrado prolongarlas con éxito, hasta que PP, Vox y Junts juntaron sus votos en el Congreso esta semana.