La nueva batalla por la Vivienda: PSOE y PP se enfrentan incluso en lo que están de acuerdo

Una decena de medidas frente a una docena. Son las propuestas que la oposición y el Gobierno han confrontado en la última semana como recetas para la crisis de la vivienda. Una nueva versión del enfrentamiento del PP contra el PSOE y del PSOE contra el PP. Las soluciones que han puesto sobre la mesa tienen acentos distintos, incluso se pueden considerar opuestas en algún caso, pero también hay una base compartida. Sin embargo, un acuerdo en la materia se antoja inverosímil: “Los modelos son totalmente diferentes”, zanja Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP.

El decálogo que el principal partido de la oposición presentó en Asturias el domingo pasado incide en el acceso a la propiedad y en el fomento de la edificación. De hecho, las primeras medidas que contiene son precisamente la puesta a disposición de más suelo para construir, con el foco puesto tanto en pisos de alquiler asequible como en la VPO en propiedad. El PP no esconde que mira al pasado (un reproche que desde el Gobierno se ha repetido durante toda la semana, vinculándolo con la burbuja de principios de siglo) y reivindica “el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años ochenta y noventa”. En realidad, la idea de construir casas subvencionadas para que el grueso de la población pudiera comprarse una vivienda viene del desarrollismo de los años sesenta, se mantuvo con la democracia y se cortocircuitó con la crisis de 2008.

Pese a ello, el PSOE no se opone a la idea de hacer viviendas protegidas en venta. Simplemente no pone el acento en ese aspecto, que no se menciona en las doce (trece en realidad) medidas que Pedro Sánchez enumeró el pasado lunes. Sí se insiste en fortalecer la nueva empresa estatal de vivienda y en que la VPO que haga el Estado mantenga la figura de protección a perpetuidad y no se pueda vender a precio libre. El Ejecutivo ya lo intentó por la vía de la ley estatal de vivienda con todas las casas subvencionadas públicamente, pero es uno de los aspectos que el Tribunal Constitucional echó abajo porque se trata de una competencia autonómica. Las comunidades, por tanto, tienen la capacidad de descalificar las casas protegidas que levanten con sus recursos, aunque algunas ya las mantienen protegidas para siempre, que es lo que a futuro hará también la Administración central con las suyas.

La descalificación es el proceso por el que una vivienda protegida pierde esa condición y pasa al mercado libre. Es una de las causas por las que, según muchos expertos, España parte en peores condiciones que otros países para afrontar la actual crisis. Pese a que durante décadas se gastaron miles de millones en subvencionar la edificación, pasados unos años estas casas se han podido vender por encima del precio tasado y han salido del parque asequible, que es mucho más escaso que en otros países europeos. Esa descapitalización no se notó mientras las VPO que escapaban del sistema se compensaban con las que se estrenaban, pero cuando la crisis de 2008 arrasó el ladrillo, el flujo quedó interrumpido.

Desde entonces se construye poco, en general, y todavía menos vivienda pública, en particular. El resultado es un déficit enorme, que el Banco de España calculó el año pasado en unas 600.000 casas y sobre el que existe un amplio consenso entre los expertos. Y es un diagnóstico compartido hasta cierto punto también por los principales partidos. “Tanto la academia como el mundo profesional tienen claro el problema”, reflexiona el economista Ignacio Ezquiaga. “Y eso lo recogen tanto PP como PSOE en sus planteamientos sobre vivienda: la escasez y la idea de que para combatirla no se dispone de instrumentos suficientes en la gestión del urbanismo”, completa el experto.

Ley pendiente

La Moncloa no incluyó la Ley de Suelo como una de las 12 medidas que lanzó el presidente, pero Sánchez sí hizo referencia en su discurso a la aprobación de esta norma, que de alguna manera sería la decimotercera medida del corolario socialista. El asunto figura como un punto específico (el octavo) en las propuestas del PP, e ilustra bien la confrontación que define las relaciones entre Gobierno y oposición, incluso en aspectos en los que aparentemente sus posturas están cerca. La redacción básica de la norma es de los tiempos en que gobernaba Mariano Rajoy y, con alguna modificación, el PSOE la llegó a llevar al Congreso en mayo del año pasado con el convencimiento de que la formación de Núñez Feijóo la apoyaría, tal y como reclamaban las patronales.

La ley busca fundamentalmente corregir que cualquier defecto en la tramitación tumbe todo un planteamiento urbanístico y obligue a iniciarlo de nuevo. Esto, según los expertos, encarece la vivienda porque implica plazos larguísimos para sacar adelante un nuevo desarrollo. Y hay consenso en que la solución es permitir que ante problemas subsanables (como la falta de un informe) el proceso no se paralice y corra en paralelo a la corrección del error. Pero eso genera reticencias en algunos socios parlamentarios del PSOE, y el PP entendió que aprobar la norma era lanzar un salvavidas a Sánchez. El Ejecutivo, ante la posibilidad de una derrota parlamentaria, retiró la ley, que sigue pendiente de aprobación.

Para Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), lo de la Ley de Suelo “es una cosa que clama al cielo”. “Es supernecesaria y es una ley muy técnica, nada ideológica”, pero cree que no sale adelante por “otros temas”. “Ahí entramos en el campo de la política y el sector privado no puede hacer nada, más allá de pedir que se apruebe”, indica el líder de la patronal, quien reclama un consenso que vaya más allá: “En algunos puntos ambas formaciones coinciden y no estaría mal que se pusieran de acuerdo y hubiera una especie de Pacto de Estado por la Vivienda”.

Para los expertos ni siquiera es necesario llegar tan lejos. Ezquiaga recoge la fórmula que la ministra Isabel Rodríguez expresó esta semana en una entrevista radiofónica al pedir, como mínimo, “una tregua de Estado”. “No es mala cosa”, reflexiona el exbanquero, “al final la tregua sería sacar cosas en las que se esté de acuerdo y respetar al que le toca gobernar para que cuando llegue el otro no se desande el camino andado”. Paloma Taltavull, catedrática de Análisis Económico Aplicado en la Universidad de Alicante, cree que el pacto de políticas es secundario si el diagnóstico es compartido: “Si están de acuerdo en el problema, que unos apliquen una medida y otros otra también puede funcionar bien”. Eso sí, cree que lo que los partidos han presentado son “soluciones puntuales” en las que falta “una estructura de fondo con el objetivo de mejorar la accesibilidad”.

Nuevos incentivos fiscales

Junto con el urbanismo y la construcción, el otro gran eje de los planteamientos que esgrimen PSOE y PP es el fiscal. De nuevo, incidiendo en aspectos diferentes. El Gobierno busca fortalecer algunas soluciones que ya ha puesto sobre la mesa como los límites de precios, con la idea de extender las exenciones fiscales a los caseros fuera de las zonas tensionadas (es decir, en los territorios donde el PP Gobierna y se niega a aplicarlas) a cambio de que las rentas se adapten al índice oficial. Y también para desalentar inversiones de tipo más especulativo, que se asocian con las socimis (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) y con las compras de casas por parte de extranjeros no residentes.

En el caso de la oposición, su propuesta es un recorte de impuestos menos focalizado, recuperando incluso la deducción por compra de vivienda habitual. Esta medida desapareció durante los recortes del primer Gobierno de Rajoy, aunque luego algunas comunidades lo han recuperado parcialmente en la parte autonómica del IRPF. Pero abogan por tocar también el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, las Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, e incluso “los impuestos que gravan el suelo y la construcción de vivienda”.

En el resto de medidas, hay coincidencia en la necesidad de rehabilitar más casas o de facilitar avales o algún sistema de garantías públicas para incentivar que salgan viviendas vacías al mercado de alquiler (condicionado en el caso del PSOE a que se arrienden a precios asequibles). Y luego una serie de ideas, u omisiones, en las que más claramente se ve el desacuerdo y la retórica de cada partido en la materia. La oposición insiste con la ocupación y la derogación de la “intervencionista” ley de vivienda. El Gobierno lo hace en controlar el “fraude” del alquiler temporal, poner coto al turístico (algo que la formación de Feijóo no mencionó, pese a que no pocos alcaldes populares están actuando en ese sentido) y usar fondos europeos para fomentar la industrialización de la construcción.

Una confrontación ideológica

La politóloga Cristina Monge destaca que “los dos partidos han entendido que las próximas elecciones tienen mucho que ver con armar un relato potente en políticas de vivienda”. Y desde ese punto de vista cree que contar con distintas recetas es sano democráticamente: “Me parece interesantísimo que al fin tengamos dos propuestas diferentes que responden a idearios distintos, como tiene que suceder en democracia”. “En las dos se ve de forma clara cuáles son los elementos ideológicos de cada bloque: para el PP, el mercado y la liberalización del suelo, recordando algo a lo que hizo Aznar; el PSOE recupera el pulso de la intervención pública y parece que por primera vez se toma en serio el alquiler público”, agrega.

También cambia el tono. Más beligerante en el caso de la oposición. “En nuestro programa electoral llevamos un pacto de Estado de la vivienda, lo que sucede es que el PSOE está compitiendo en radicalidad con sus socios de Gobierno”, sostiene Martín, quien fue consejera de Vivienda de Madrid en la pasada legislatura. En el Ministerio de Vivienda, en cambio, defienden que “en solo un año, y en el marco única y exclusivamente del Plan de Recuperación, la ministra ha alcanzado más de 800 acuerdos con comunidades y ayuntamientos, que han permitido rehabilitar y acordar la construcción de más de 25.000 viviendas”. Y agregan que “el acuerdo o pacto de Estado tendría que ir más allá de un acuerdo exclusivamente parlamentario o político”.

Monge recuerda que el problema ha escalado a las primeras posiciones en las preocupaciones de los españoles según el CIS. Y ante una situación tan aguda no ve tan conveniente un pacto de Estado entre las dos principales partidos como “una especie de pactos de la Moncloa en materia de vivienda”. Es decir, que todo el arco parlamentario y los agentes sociales y sectoriales acordasen “unas líneas estratégicas a largo plazo”, respetuosas con los distintos niveles de la Administración y también con los diferentes acentos ideológicos en las soluciones que se apliquen. Pero tiene poca esperanza en que algo así suceda: “Como no parece que eso sea posible, al menos se deberían poner de acuerdo en unos mínimos”, concluye.