Sánchez anuncia una intervención del mercado desbocado: “Sobran Airbnb y faltan viviendas”

El plan de vivienda del Gobierno, con 12 medidas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez, se centra en una intervención clara en un mercado desbocado y exenciones fiscales de hasta el 100%, pero no a la compra de pisos, como plantea el PP, algo que según los expertos del Ejecutivo solo sirve para aumentar el precio, sino a las personas que decidan sacar al mercado a precios asequibles una de las cuatro millones de viviendas vacías que se calcula que hay en España. El Gobierno se está encontrando con el problema de que la mayoría de las comunidades del PP no quieren aplicar la ley de vivienda, que incluye topes al alquiler con precios de referencia en zonas tensionadas. Para sortear este bloqueo, una de las medidas estrella anunciadas por Sánchez implica que el Gobierno propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia que ha fijado el Ejecutivo, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Además, se creará un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible, para sacar viviendas vacías al mercado, y habrá un nuevo programa de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible.

El presidente ha defendido que su modelo es completamente opuesto al que plantea el PP, que en su opinión supone “volver a esa política nefasta del pelotazo, de la burbuja inmobiliaria, y luego que venga papá Estado a pagar los platos rotos”, como sucedió en la última crisis, en la que las instituciones públicas rescataron al sistema financiero con un coste para los ciudadanos de 60.000 millones de euros. Por el contrario, Sánchez plantea que los países europeos que mejor están resistiendo la crisis global de la vivienda son los que tienen más vivienda pública, y por eso se propone la construcción de miles de viviendas a través de la empresa pública que anunció hace un mes y medio y a la que el Gobierno ha transferido ya más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial. Además, se incorporarán 13.000 viviendas de la Sareb de forma inmediata, y otras 17.000 más adelante.

Sánchez ha recordado que España construyó mucha vivienda pública, sobre todo en los años 80, pero en propiedad, y años después entró al mercado libre y, por tanto, se perdió esa oportunidad. “En los 80 se construían 100.000 viviendas protegidas al año. En 2012 acumulamos 2,3 millones. Hoy representaría el 9% del total, si no fuese porque pasaron al mercado libre, y dejaron de cumplir con su función social. Hoy en España tenemos el 2,5% de vivienda pública. Francia tiene un 14%, Países Bajos un 34%”, ha explicado. Por eso, una de las medidas que ha anunciado es que la vivienda pública que se construya a partir de ahora, al menos por parte del Estado, conservará esa categoría de forma permanente, nunca podrá venderse en el mercado libre.

El discurso de Sánchez y las medidas anunciadas, que se han trabajado durante meses en La Moncloa y en el ministerio de Vivienda, suponen un giro importante a favor de propuestas más intervencionistas con las que el Gobierno quiere cambiar la dinámica del mercado de la vivienda. El presidente ha anunciado también medidas para limitar los pisos turísticos, un problema muy grave en un país con una gran presión turística como España, para dificultar la compra por parte de extranjeros no comunitarios, aunque sin prohibirla del todo como han hecho otros países.

“Sobran Airbnb y faltan viviendas”, ha resumido el presidente en alusión a la mayor plataforma de alquileres turísticos. “Nuestra obligación es priorizar el uso como viviendas frente al uso turístico. Por eso propondremos una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio. No es justo que paguen menos impuestos que los hoteles o las demás personas que alquilan. Además, las socimis solo tendrán beneficios fiscales si usan esas viviendas para alquiler asequible. Vamos a limitar la compra de viviendas de extranjeros extracomunitarios no residentes. Los no residentes compraron el año pasado 27.000 casas principalmente para especular”, ha explicado Sánchez. Los datos son claros, según el presidente: “durante el boom inmobiliario se creaban 400.000 hogares al año y construían 600.0000 viviendas. Hoy se crean 300.000 y se construyen 90.000 casas. Un piso por cada tres hogares que se forman al año. Tenemos que corregir este desequilibrio. Necesitamos construir más viviendas, por supuesto privadas, pero sobre todo viviendas protegidas, que nos van a permitir garantizar el acceso y estabilizar los precios”.

Otras de las novedades planteadas son un plan estratégico con fondos europeos “para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España”, esto es promover la construcción de casas prefabricadas, más baratas y rápidas de instalar, porque uno de los grandes problemas de la política de vivienda es lo que se tarda en implementarla. Y también se ha comprometido a “endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y crear de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda”. En Cataluña, lugar pionero en la aplicación de la ley de vivienda, muchos propietarios se están pasando de manera fraudulenta al alquiler de temporada para evitar los límites de precios.

Sánchez trata así de entrar de lleno en el asunto que más preocupa a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes, un colectivo especialmente sensible que se está alejando de los grandes partidos y en el que ahora, al menos entre los menores de 24 años, el primer partido es Vox. El presidente insiste en que la mejor manera de ganar a la ultraderecha es gobernando con políticas progresistas que funcionen, para romper el desencuentro entre los ciudadanos y la clase política. En los últimos 10 años, ha explicado, la vivienda ha subido en Europa un 48%, algo que está destrozando la capacidad adquisitiva de los jóvenes, les aleja de la propiedad y les obliga a compartir en muchas ocasiones, algo que afecta directamente también a la natalidad, otro grave problema europeo. Sánchez ha explicado que el PP, después de la explosión de la burbuja inmobiliaria, optó por paralizar la construcción de vivienda pública —se pasó de 115.000 al año a menos de 5.000— y entregó a fondos buitre muchas de esas viviendas de protección oficial. Por eso el Gobierno apuesta por un modelo completamente diferente.

Ahora queda por ver cómo se implementan las medidas y también cómo logran sacarlas adelante en el Congreso, ya que algunos grupos como Junts y PNV han mostrado su desacuerdo con la línea seguida por la ley de vivienda y de hecho votaron en contra, aunque salió adelante porque en la anterior legislatura los números permitían aprobar normas sin el concurso de estos dos partidos de centro derecha, algo que no sucede ahora. Sánchez ha reivindicado en todo momento esa ley de vivienda y su medida estrella, el control de precios: “En Cataluña el precio del alquiler ha caído entre un 3% y un 5%. Algo que ha hecho que el País Vasco, Navarra o Asturias empiecen también a usar la ley. La evidencia empírica en otros países demuestra que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se mantienen en el tiempo”, ha insistido el presidente.