Sánchez anuncia un sistema de avales para el alquiler, exenciones en el IRPF y más impuestos para los extranjeros que compren

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un conjunto de 12 medidas para enfrentar lo que calificó como “uno de los principales retos de las sociedades europeas y españolas: el acceso a la vivienda”. En su intervención, Sánchez ha destacado que la crisis no solo limita las oportunidades de los jóvenes y las clases trabajadoras, sino que amenaza con dividir a la sociedad “en propietarios ricos e inquilinos pobres”. Ha recordado que en la última década, los precios en Europa han crecido de media un 48%, casi el doble de lo que han aumentado los ingresos de las familias, una tendencia “insostenible”. Bajo este contexto, el Ejecutivo ha desgranado un paquete de actuaciones que ha calificado como “un paso firme y coherente” en la lucha por garantizar el acceso a un hogar, y que acompañar la reforma de la Ley del suelo, actualmente en trámite parlamentario.

• Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. Sánchez ha informado que el Gobierno ha transferido más de 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a esta nueva entidad. A ello se sumarán 13.000 viviendas de la SAREB que serán incorporadas de forma inmediata, con un objetivo de llegar a las 40.000 de forma progresiva. Según el presidente, esta medida busca revertir el impacto de la crisis inmobiliaria y garantizar que recursos financiados con dinero público “vuelvan a la gente”. La creación de esta nueva sociedad se viene gestando desde hace un año con el objetivo de reducir el déficit de casas y la propia Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, informó el año pasado de que la entidad partirá de la reconversión de Sepes.
• Prioridad de la Empresa Pública en la compra de viviendas y suelo. Esta nueva entidad tendrá prioridad para adquirir inmuebles y terrenos, una herramienta que Sánchez ha defendido como fundamental para evitar que el suelo y las viviendas públicas caigan en manos de especuladores. No obstante, será con carácter supletorio respecto a las comunidades autónomas, lo que significa que solo se aplicará de manera secundaria o complementaria.
• Blindaje de la vivienda protegida del Estado. El presidente ha asegurado que, a partir de ahora, toda vivienda construida por el Estado mantendrá indefinidamente su titularidad pública, una medida que busca “evitar errores del pasado”, como su adquisición por parte de fondos buitre. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya había puesto sobre la mesa, desde hace meses, la necesidad de blindar a perpetuidad el parque público a fin de engrosarlo. Hasta ahora, la ley permite que los inmuebles de protección oficial pasen a ser de precio libre pasado cierto tiempo. Gracias a este proceso, conocido como descalificación, los activos financiados con fondos públicos acaban en manos de particulares. Fuentes del Gobierno han asegurado que no se obligará a las Comunidades Autónomas a hacer permanentes las viviendas públicas, pero a cambio dejarán de recibir financiación para esta partida. La medida impactaría en 2026, con la entrada del nuevo Plan Estatal de Vivienda.
• Creación de un PERTE para la construcción modular e industrializada. Se trata de un plan estratégico de innovación en el sector de la construcción, que estará localizado en la Comunidad Valenciana —para contribuir a la reconstrucción tras la devastación de la dana— y buscará reducir los costes y tiempos de construcción, promoviendo métodos más “sostenibles y eficientes”.
• Sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos. Este sistema, inspirado en el modelo francés, protegerá a los arrendatarios, asegurándoles el cobro del alquiler, y a los inquilinos, ofreciéndoles acceso a viviendas a precios asequibles a través de avales. Sánchez ha asegurado que se priorizará a los menores de 35 años y que estará en funcionamiento este mismo año. Aunque el sistema de avales es nuevo, el Ministerio de Vivienda viene insistiendo desde el año pasado en que se trabajaría en aportar seguridad jurídica a los particulares y fue un mensaje que también lanzaron en el último Plan Estatal de Vivienda.
• Programa de rehabilitación de viviendas vacías. Se destinarán ayudas a quienes rehabiliten inmuebles vacíos y los pongan en alquiler asequible durante al menos cinco años. Esta medida busca movilizar parte de los 4 millones de pisos vacíos en España, de los cuales 400.000 están en zonas tensionadas, según estimaciones ofrecidas por el jefe del Ejecutivo.
• Exención fiscal para alquileres asequibles. El plan contempla la puesta en marcha de una nueva exención fiscal del 100% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los caseros que alquilen sus viviendas y se ajusten a los límites que marque el Índice de Precios de Referencia. La medida, que tendría que aprobarse en el Congreso, podría llegar a todos los arrendamientos y no solo a los que se sitúen en una zona tensionada. En la práctica, esta iniciativa supone una extensión de lo que recoge actualmente la ley de vivienda. Según la normativa vigente, todos los caseros de vivienda habitual pueden aplicar una reducción general del 50% sobre los rendimientos obtenidos. Sin embargo, la cuantía asciende al 90% si, en una zona de mercado tensionado, el alquiler se rebaja al menos un 5% sobre el contrato anterior. Con la medida propuesta este lunes por Sánchez, los rendimientos del alquiler quedarían exentos siempre que se ajusten a lo que marca el índice de precios.
• Regulación fiscal de las viviendas turísticas. El Gobierno también propondrá al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y tributen a través del IVA como el resto de las actividades económicas. La medida, no obstante, quedaría acotada a los inmuebles situados “en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística”, según un documento difundido por el Ejecutivo. La posibilidad de aumentar el IVA sobre las viviendas turísticas se enmarca en una directiva europea que está discutiéndose en el Ecofin y que dispararía el gravamen sobre esta actividad al 21%, al menos en el caso de España. La medida ya se incluyó como enmienda en la reforma fiscal que iba a aprobarse a finales de diciembre, pero cayó en la votación del Congreso al no cosechar los apoyos suficientes. En aquel entonces, la propuesta del Gobierno buscaba “reducir” la rentabilidad de estos inmuebles y “fomentar su reconversión en viviendas de alquiler permanente, contribuyendo así a aliviar la falta de vivienda habitual en zonas tensionadas”.
• Condicionamiento fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Al igual que con el IVA de los pisos turísticos, el plan del Gobierno recupera otra propuesta que cayó hace menos de un mes en la votación de la reforma fiscal y que tiene como objetivo cambiar las ventajas fiscales de las Socimis. Según explica el Ejecutivo, “condicionaremos las ventajas fiscales (…) a la promoción de vivienda en alquiler asequible”. Estos vehículos, creados en 2009, están exentos del impuesto de sociedades si reparten la mayor parte de los dividendos entre los accionistas, entre otros requisitos.
• Gravamen fiscal para extranjeros extracomunitarios. Para priorizar el acceso de los residentes en España, el Ejecutivo también pretende limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes al incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar al comprar una casa. El objetivo de esta novedosa medida es priorizar que las viviendas disponibles sean para los residentes. Según ha explicado Sánchez, en 2023 los extracomunitarios adquirieron alrededor de 27.000 pisos en España.
• Combatir el fraude en alquileres temporales. Sánchez ha insistido en que se reforzará la regulación para combatir el uso fraudulento de viviendas en alquileres de temporada y se creará un fondo para que comunidades autónomas y municipios aumenten las inspecciones. La medida no es nueva, pues el Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos ya contempla evitar el fraude de este tipo de alojamiento. Este es un sistema informático, ya vigente, a través del cual se comunicarán las plataformas como Airbnb o Booking con la Administración. A partir de ahora, cada propiedad destinada a este tipo de arrendamiento debe contar con un número de identificación que certifique su cumplimiento con la normativa vigente.
• Nuevo Plan Estatal de Vivienda. Este plan, que entrará en vigor en 2026, ampliará las ayudas existentes, con especial atención a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas. Aunque el proyecto se renovará, los objetivos son similares al de 2022-2025, donde ya se priorizaba el impulso al parque público y ayudas para personas vulnerables.