Las propuestas del PP y del Gobierno en vivienda: mismo diagnóstico, distinto foco

El problema del acceso a la vivienda en España es tan acuciante que, en cuestión de pocas horas, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición han rivalizado en una coreografía de medidas y propuestas para afrontar una crisis que afecta especialmente a los jóvenes. El fin de semana, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó un paquete de propuestas con el foco puesto en estimular la oferta de viviendas promoviendo la construcción y la compra; y este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado 12 medidas centradas en la regulación del alquiler y en reducir la demanda. En ambos casos el diagnóstico es el mismo: faltan viviendas, especialmente en las zonas más tensionadas. Y pese a las diferencias, también hay similitudes, como los incentivos fiscales, las ayudas a la rehabilitación, la movilización de suelo o acelerar los trámites para la construcción.

Las medidas presentadas por Sánchez este lunes se basan en tres ejes: tratar de incrementar el parque público de alquiler, dar más ayudas para que propietarios e inquilinos participen del alquiler asequible, y limitar la demanda especulativa y el fraude. Las de Feijóo, por su parte, se centran en aumentar la oferta a partir de más suelo público y más construcción de viviendas protegidas, dar ventajas fiscales para la compra, el alquiler y la rehabilitación, y agilizar las tramitaciones urbanísticas. “Hay muchas similitudes, porque básicamente están de acuerdo en el diagnóstico, que es el problema de la falta de construcción. Es algo lógico y que se ve: el urbanismo va muy lento, hay muchas trabas burocráticas, y en este sector no hay soluciones milagro. Necesitas una política consistente en el tiempo”, explica José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra.

El experto señala que tanto el PP como el Gobierno comparten algunas de las propuestas para aumentar la oferta. Por ejemplo, ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible, o la movilización de suelo público: el Gobierno propone transferir dos millones de metros cuadrados de suelo público residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda, y el PP también empieza su propuesta proponiendo destinar suelo público a la promoción de viviendas. Coinciden también en algunos de los incentivos planteados: una de las medidas del Gobierno consiste en aprobar una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen sus inmuebles conforme el índice de precios de referencia, mientras que el PP plantea reducciones fiscales en la adquisición de viviendas.

Con todo, los dos paquetes presentados por el líder del PP y el presidente del Gobierno han suscitado escepticismo entre los distintos actores del sector inmobiliario. Acostumbrados a anuncios de diversa índole cada cierto tiempo, están a la expectativa de que se concreten las medidas, y de todas formas no prevén que haya un gran impacto en el mercado. Jaime Palomera, investigador del instituto IDRA y exportavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, pone algunas medidas anunciadas por Sánchez como ejemplo. Una es la prohibición de la compra de pisos a extranjeros extracomunitarios no residentes en España: “El problema es que muchas compras especulativas las realizan personas que viven en países europeos, como Alemania o Francia. Además, muchas de estas compras no las realizan personas físicas, sino empresas con sede en Estados Unidos o China, que podrán seguir haciendo negocio con las casas”. Otro ejemplo es la exención del IRPF para los propietarios que sigan el índice de referencia para poner el precio. “Dejando de lado que va en contra de la justicia fiscal, esto difícilmente funcionará, porque los caseros ya cuentan con grandes ayudas fiscales aunque pongan los precios por las nubes”, explica: “Lo que habría que hacer es aumentar los impuestos a quienes mantienen alquileres abusivos”.

Los propietarios también son escépticos. “A corto plazo afectará muy poco, sobre todo en lo que respecta a la Empresa Pública de Vivienda: las viviendas que se le transferirán ya existen, no son nuevas, y el suelo que dicen que movilizarán tendremos que ver cuándo será”, dice Oscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Se refiere a la medida anunciada por Sánchez de transferir al nuevo organismo 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo propiedad de la administración, y la incorporación de los 30.000 pisos de la Sareb (13.000 de ellos inmediatamente). “Hay que ver donde están estos pisos y si sirven para solucionar el problema. Con esta empresa nueva nos están vendiendo humo”, apunta.

Dinamizar el suelo

“El PP quiere desregularizar el mercado para facilitar la inversión, es más práctico, quiere dinamizar el mercado del suelo. El Gobierno se queda corto en sus medidas, porque no ataca el problema, que es el suelo: si no hay viviendas nuevas, no colocarás a la gente en ningún lugar”, dice Gorgues. Sobre blindar la titularidad pública de la vivienda protegida, ironiza: “Cuando haya vivienda protegida, blindémosla, hasta entonces esta medida no tiene más trascendencia”. En España, la vivienda pública apenas representa un 2,5% del parque residencial. Gorgues tampoco confía en el impacto de medidas como las garantías de cobro del alquiler a los propietarios que pongan sus pisos en alquiler asequible. “En las zonas tensionadas hay tanta demanda que los propietarios no necesitan garantías adicionales, y no tendrán necesidad de bajar el precio”, señala. En cambio, el portavoz de la Asociación de Propietarios, Sergi Llagostera, señala que el principal problema es la inseguridad jurídica, y se muestra escéptico ante las propuestas de Sánchez pese al anuncio de más garantías en el cobro: “No se soluciona, porque en los impagos los procesos judiciales se eternizan”. Por su parte, Carles Sala, el portavoz de los API, aplaude las exenciones fiscales: “Es un reconocimiento de que los estímulos fiscales de la ley de vivienda son insuficientes, y de que la administración no podrá afrontar el déficit estructural de vivienda sin la colaboración de los privados. El régimen coercitivo no funciona”.

Según Montalvo, aunque el PP y el Gobierno compartan diagnóstico y algunas medidas, señala que en ambos casos tiene que ampliarse el foco: “El incentivo importante no es la rentabilidad, sino la protección de la propiedad y la seguridad jurídica. Este sector necesita que haya una política estable, y lo que hay que hacer es estimular la oferta, no reprimir la demanda”. Con todo, hay una de las propuestas de Sánchez que le parece en la senda adecuada: el lanzamiento de un Perte para modernizar la construcción de viviendas prefabricadas y modulares. “Esto puede tener un gran impacto, porque acorta los plazos de construcción y los costes, pero falta regulación para que los bancos den financiación”.