Los abogados de Barcelona, Madrid y Málaga plantean desalojos en 48 horas contra la ocupación ilegal

Los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga han detallado este martes su receta para combatir la ocupación ilegal de viviendas: cambios legislativos para que, entre otras cosas, los jueces puedan dictar desalojos exprés, en un plazo máximo de 48 horas, contra quienes ocupen un piso sin tener un título habilitado para ello. La amplia propuesta de reforma legal, que los abogados confían en que sea adoptada por los partidos políticos, parte de la premisa de que las leyes en vigor no son satisfactorias porque la devolución de las viviendas a sus propietarios “se demora de manera extraordinaria”.

Los abogados consideran que la ocupación se ha “multiplicado exponencialmente” en los últimos años y que preocupa a la ciudadanía. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron un total de 15.289 hechos en toda España, entre usurpaciones de viviendas y allanamientos de morada (las dos modalidades con las que el Código Penal castiga la ocupación). Cataluña acumula el 41% de los casos. La cifra global es inferior a la del año pasado (16.765 denuncias), aunque la tendencia ha sido ciertamente creciente en los últimos 15 años: en 2010 se registraron apenas 2.702.

El allanamiento de morada es el delito más grave, y ocurre cuando alguien ocupa una casa habitada o una segunda residencia. Es, también, el menos habitual: supone apenas un 5% de las ocupaciones ilegales. Los abogados proponen que ese delito deje de ser competencia del jurado popular para adaptarlo a la reciente ley de medidas de eficiencia en la justicia aprobada por el Gobierno. La segunda modalidad, la más habitual, supone un delito leve: la usurpación de vivienda, que persigue la ocupación de edificios o locales desocupados. Y es ahí donde los colegios de Barcelona, Madrid y Málaga han centrado sus propuestas.

Los letrados instan a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la usurpación se ventile “por los trámites del juicio inmediato”. Eso permitirá al juez de turno, razonan, adoptar una medida cautelar urgente de desalojo en el momento de celebración del juicio. El ocupante tendrá 48 horas para acreditar la posesión del inmueble y, si no lo hace, será expulsado de manera “inmediata” y obligado a devolver la vivienda. Los abogados recuerdan que otros países del entorno europeo (Holanda, Francia, Reino Unido, Italia) disponen de mecanismos similares que agilizan los desalojos. La medida evitará que los ocupantes se “perpetúen” en la vivienda y que se utilice “el argumento de vulnerabilidad para conseguir la suspensión del lanzamiento”.

La posible situación de vulnerabilidad de los ocupantes no es, han insistido los abogados, asunto del propietario. Es la Administración la que debe procurar un techo a esas personas si lo considera necesario. Y, aunque la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, no se puede pretender que la solución a los problemas de falta de vivienda recaiga en los propietarios, según lo ven los abogados. “La ocupación no es un derecho en ningún caso”, ha afirmado el decano del Ilustre Colegios de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, que acoge estos días el segundo congreso sobre ocupación ilegal. “La idea del primer congreso es que no hubiera un segundo, y la del segundo será que no haya un tercero”, ha bromeado el decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, sobre la posibilidad de que las formaciones políticas adopten las propuestas legislativas que se están planteando.

Más poder a los vecinos

Los colegios profesionales distinguen entre dos situaciones. Una cosa son los procesos para desalojar a un inquilino que, por ejemplo, ha dejado de pagar la renta; en esos casos, los propietarios han de acreditar el incumplimiento del contrato. Otra muy distinta, razonan, son los procesos para expulsar a quienes nunca tuvieron derecho a estar en la vivienda. Los abogados creen que “no se puede equiparar el régimen jurídico” de ambas situaciones. Por eso, proponen modificar artículos de la legislación civil que “imponen condiciones adicionales que retrasan y complican” las demandas para recuperar esos inmuebles ocupados sin título. Plantean suprimir el trámite de acreditación de la vulnerabilidad, una medida que, aunque “busca proteger a colectivos vulnerables”, se aplica de forma “indiscriminada”, por lo que “se ha convertido en una herramienta utilizada para dilatar injustificadamente los procesos”.

La propuesta pasa también por reformar la ley de propiedad horizontal y el Código Civil de Cataluña para permitir que la comunidad de propietarios pueda pedir el desalojo de un inmueble ocupado si el propietario no lo hace.